El informe describe de manera detallada los incendios que arrasaron las instalaciones de las fábricas Ali Enterprises en Karachi (Septiembre 2012) y Tazreen Fashions Limited en Dhaka (Noviembre 2012). Cuando se desataron los incendios conocidas empresas de Europa y Estados Unidos como C&A y Walmart, entre otras, producían sus prendas en las fábricas. Las españolas Sfera e Hipercor (filiales de El Corte Inglés) y la alemana KIK produjeron en Tazreen hasta pocos meses antes del incendio.

Más de 400 personas murieron  en circunstancias terribles y centenares más resultaron heridas. Edificios que no respetan las normas de construcción, protocolos de emergencia que brillan por su ausencia, salidas de emergencia bloqueadas o inexistentes, hacinamiento de trabajadores/as en las fábricas e inadecuados mecanismos de control por parte de las transnacionales …han conducido a este número tan elevado de víctimas. A día de hoy, muchas de las familias afectadas por los incendios de Karachi y Dhaka todavía no han recibido una indemnización adecuada.

Otro denominador común de estas tragedias es que ambas fábricas habían sido sujeto de numerosas auditorías “independientes” por parte de las empresas internacionales y recibido la correspondiente certificación. La fábrica Ali Enterprise recibió el prestigioso certificado SA8000 tan sólo tres semanas antes del incendio.  Sin embargo, las deficiencias estructurales y de seguridad en las instalaciones eran detectables a simple vista. Los auditores tampoco se percataron de la información falsa proporcionada. En el caso de Tazreen, las auditorias de Business Social Compliance Initiative (BSCI) sí revelaron riesgos en materia de seguridad pero ni el BSCI ni las empresas miembros hicieron nada para alertar de los riesgos que corrían los/as trabajadores/as. El informe se quedó en una base de datos confidencial y no se le dio seguimiento.

Los dos casos analizados en el informe “Fatal Fashion”  ilustran las deplorables condiciones de seguridad y salud en las fábricas de ropa de Asia y la falta de responsabilidad de los actores públicos y privados. Pero no son casos aislados. Son los síntomas de un sistema estructuralmente enfermo y perverso que viola sistemáticamente los derechos humanos y deja en evidencia a los gobiernos por fallar en su deber de proteger a los trabajadores, a las empresas internacionales por confiar ciegamente en un sistema de auditorías que una y otra vez se revela ineficaz  y no detecta violaciones de los derechos humanos, y, a la industria de ropa que manifiesta la más absoluta falta de respeto hacia  la vida de los/as trabajadores/as.

Desde el incendio de Tazreen en Noviembre 2012, se han producido otros 28 incendios más únicamente en Bangladesh con el balance de ocho trabajadoras muertas -seis de ellas de entre 16 y 20 años de edad- y 591 trabajadores/as heridos/as.

“El informe demuestra que las empresas y los gobiernos conocían los riesgos, pero fallaron en la adopción de medidas suficientes para prevenir que ocurriesen los incendios y para abordar la reparación a las víctimas después” afirma Martje Theuws de SOMO. “Los gobiernos y las empresas deben actuar según los estándares mínimos internacionalmente reconocidos i.e. deber de los estados de proteger los derechos humanos y de las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos tal y como recogen los principios rectores de Naciones Unidas para Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.”

A no ser que haya un cambio real en la industria de ropa, seguirá habiendo más muertes. En el informe SOMO y la Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés) hacen un llamamiento a las empresas para que rompan con su confianza inquebrantable en el sistema de certificación y auditorías sociales para llevar a cabo inspecciones. “Estas firmas no tienen experiencia en materia de seguridad y no tienen la confianza de los/as trabajadores/as ni de los sindicatos convirtiendo sus entrevistas con trabajadores en algo imposible (..) incluso cuando detectan violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores no son capaces de resolverlos” explica Tessel Pauli del Secretariado Internacional de la CCC. “En lugar de esto, las empresas internacionales deberían poner en marcha un programa de seguridad en las fábricas que incluya la obligatoriedad de realizar reparaciones en las fábricas, la publicación del listado de fábricas donde producen y de las inspecciones de seguridad realizadas, y, que otorgue un papel central a los/as trabajadores/as y los sindicatos locales. Además, las empresas deberían asegurarse de que los precios pagados a sus proveedores les permite costear las inversiones necesarias para poder operar de manera segura”. En el caso de Bangladesh, estas medidas podrían adoptarse inmediatamente firmando el Programa de Seguridad en las fábricas de Bangladesh.

En el informe, SOMO y la CCC detallan pormenorizadamente las medidas a adoptar por parte de los diferentes actores de la industria, incluyendo empresas transnacionales y firmas auditoras, en lo que respecta a pago de indemnizaciones a las víctimas y la implementación del Programa de Seguridad en las fábricas.

 

Informe íntegro (en inglés): 

http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/fatal-fashion

 

Esperamos poder publicar próximamente la versión en castellano.

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