Con la publicación hoy de su propuesta Ómnibus para la simplificación de los instrumentos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, incluida la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea está dando marcha atrás en su compromiso con unas cadenas de valor justas y sostenibles.
Aprobada en junio de 2024, la CSDDD impone obligaciones obligatorias de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente a las grandes empresas con sede y operación en la UE. La ley exige que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación supervisen sus cadenas de valor para detectar violaciones de derechos y remedien los daños que puedan causar a las personas trabajadoras, las comunidades y el medioambiente. Sin embargo, en un giro sin precedentes, la presidenta de la Comisión decidió reabrir el texto de la CSDDD a finales del año pasado bajo el pretexto de un «esfuerzo de simplificación». Estas enmiendas llegan dos años antes de que la ley haya siquiera entrado en vigor y mientras el proceso de transposición ya ha comenzado.
«El texto presentado ha desmentido las declaraciones previas de la Comisión asegurando que la simplificación no equivaldría a una desregulación. Está claro que la nueva tendencia en Europa es seguir el ritmo de las grandes empresas, incluso a costa de deshacer las propias leyes de la Unión», ha afirmado Muriel Treibich, coordinadora de Incidencia de la red internacional Clean Clothes Campaign.
Los cambios propuestos reducen el número de empresas cubiertas por la ley, redefinen el alcance de la cadena de valor al exigir que las empresas solo supervisen a sus proveedores directos y debilitan los procedimientos de aplicación judicial y administrativa.
«La debida diligencia en derechos humanos y medioambiente no sirve de nada a las personas trabajadoras si no tiene fuerza», ha declarado Kalpona Akter, fundadora del Centro de Solidaridad de Trabajadores de Bangladesh, miembro de la Clean Clothes Campaign. «Las personas trabajadoras que fabrican ropa para marcas europeas contaban con que la UE les proporcionaría vías creíbles para remediar los abusos que sufren a diario por parte de las marcas de moda. Al eliminar los procedimientos de aplicación, la UE está diciendo a las grandes empresas que violar los derechos laborales es un modelo de negocio aceptable», ha añadido.
La propuesta Ómnibus será ahora debatida por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE, que deberán acordar su propia versión de la ley. « Hasta ahora el proceso que ha llevado a esta propuesta Ómnibus ha convertido en una farsa la elaboración de leyes en la UE y los principios democráticos», ha afirmado Giuseppe Cioffo, coordinador de Responsabilidad Corporativa en la Clean Clothes Campaign. «Instamos a los miembros del Parlamento Europeo y a los Estados miembros a poner los derechos laborales y humanos por encima del lucro y a ajustar el texto de la propuesta a lo acordado originalmente», ha concluido.
