La Campaña Ropa Limpia de Turquía ha estado trabajando en esta materia desde 2013, cuando quedó patente que un gran número de sirios y sirias que habían huido a Turquía a consecuencia de la guerra, estaban encontrando trabajo en los numerosos talleres irregulares e informales de la industria del textil. Desde entonces hemos llamado la atención del gobierno turco para proteger a estas personas refugiadas, así como a otras trabajadoras informales, para garantizarles unas condiciones de trabajo dignas.
Cuando las personas refugiadas sirias llegaron a Turquía por primera vez estaban indocumentadas y no tenían garantías legales para vivir o trabajar en el país. Solo tenían acceso a hogar, empleo y educación a través de sus propios esfuerzos por encontrar un trabajo en el sector informal, en el que el sector textil es uno de los grandes empleadores. Muchas de estas personas llegaron sin nada, llevando a sus familias enteras en un intento de encontrar un lugar a salvo de los bombardeos y ataques que caracterizan al conflicto. La situación de penuria les forzó a aceptar condiciones laborales terribles: salarios bajo los mínimos legales, jornadas extremadamente largas, condiciones de trabajo inseguras, y acoso o abuso sexual. Los miles de menores que llegaron con sus familias no tienen posibilidades de acceder a la escolarización, al encontrarse sus familias en situaciones dificilísimas para asegurar el sustento, no es sorprendente que acaben colaborando para conseguir ingresos. Empresas sin escrúpulos no han dejado pasar la oportunidad de beneficiarse de esta situación.
El deseo de la Unión Europea de designar a Turquía como país seguro al que deportar a las personas refugiadas sirias que llegan a Europa llevó a presionar al gobierno turco para facilitar una vía por la cual las familias sirias tuvieran derecho a trabajar: un derecho que está incluido explícitamente en la Convención de Ginebra. En enero de 2016 el gobierno turco sacó una ley para conceder a las empresas permisos de trabajo para los refugiados y las refugiadas sirias, pero teniendo en cuenta que la ley no tenía el objetivo de proteger a las personas refugiadas sirias sino de facilitar el acuerdo con la UE y teniendo en cuenta también que las leyes laborales turcas son insuficientes incluso para la ciudadanía turca, la ley ha resultado inútil para proteger a las personas refugiadas de las condiciones de explotación. Las empresas turcas no conocen la ley o no están dispuestas a cumplir con ella ya que les supondría tener que pagar el salario mínimo.
Es importante remarcar que, mientras el foco hoy en día es en la petición de personas refugiadas sirias para acceder a Turquía, la explotación sacada a la luz por Panorama BBC no se debe únicamente a la afluencia de gente por la huída repentina de un país en guerra. La industria del textil es un sector en el cual las irregularidades y la violación de derechos son bien conocidas a lo largo y ancho del mundo. El trabajo informal, la falta de seguridad laboral, el trabajo infantil y los salarios de pobreza son vistos como algo normal por las empresas que no quieren perder su mercado dentro de la competitiva industria global. Las personas migrantes que trabajan en el textil, tanto las migrantes de otros países como las migrantes internas, son particularmente vulnerables a la explotación como resultado de las políticas y leyes que discriminan contra a aquellas personas que consideran recién llegadas.
Turquía juega un papel principal en esta industria, y es el tercer mayor exportador de textil a la Unión Europea, combinando la ventaja competitiva de su localización cerca del mercado europeo y sus bajos costes salariales. La industria textil turca ha sido caracterizada por el uso de trabajo formal e informal para hacer un único producto. Los pedidos de una marca multinacional se acuerdan con una fábrica proveedora, que acepta los términos del contrato para manufacturar y entregar el producto. Sin embargo, durante la producción hay un gran número de fases que pueden ser desarrolladas bien por la misma fábrica, o bien, a menudo, por numerosas empresas subcontratas. Éstas incluyen: cortar la tela, coser el tejido, lavandería – contratadas a veces a pequeños talleres que lleven a cabo técnicas requeridas, como hacer que las prendas parezcan gastadas -, el acabado, añadir los botones, cremalleras y planchado. Después de los últimos detalles las prendas son empaquetada y enviadas de vuelta a la fábrica principal para su entrega. Casi todos estos pasos son realizados en diferentes talleres bajo la responsabilidad de diferentes empresas, pero todos para el mismo producto de marca que lleva la misma etiqueta.
Gran parte de la producción, por tanto, es susceptible de llevarse a cabo en talleres localizados en vecindarios que combinan la producción a pequeña escala y el trabajo en el domicilio. Esos talleres contratan a trabajadores y trabajadoras en pequeñas fábricas o en domicilios privados de manera informal, sin ningún tipo de protección social o seguro, y pagando a destajo unos precios que quedan muy lejos de poder cubrir necesidades básicas y de cumplir con cualquier inspección laboral o sindical. Es en estos talleres donde están siendo contratadas las familias sirias.
En los años inmediatamente previos a la guerra civil siria, trabajadores y trabajadoras turcas habían conseguido movilizarse con éxito para reclamar sus derechos, haciendo más difícil la práctica de esta contratación informal, o al menos más cara. Esto fue percibido por las empresas como un riesgo directo para mantener sus costes de producción bajos y sus beneficios elevados, y más teniendo en cuenta la creciente competencia de otros países. Así, muchos fabricantes, especialmente del sector textil, vieron la guerra y la resultante afluencia de esta población totalmente desprotegida por la ley, como una enorme oportunidad para continuar con prácticas de explotación que previamente habían resultado tan rentables.
Esta carrera en la degradación social que incentiva este tipo de explotación no es inevitable, sino que está promovida por las prácticas y los hábitos de consumo y por las estrategias de negocio de las grandes marcas y distribuidoras, que incluyen pero no se limitan solamente a las que se mencionan en Panorama. Turquía está entre los países preferidos por las firmas internacionales por su capacidad para producir prendas de buena calidad a un bajo coste y con gran rapidez. No es un secreto que esto se consigue en gran parte por la gran red de fábricas informales subcontratadas. Aunque las marcas alegan que prohíben la subcontratación no autorizada o ilegal, saben perfectamente que sin ella, sus exigencias en cuanto al precio y puntualidad en los pedidos no cuadrarían. No es excusa justificarse por el desconocimiento o ignorancia, cuando esta ignorancia está basada en acuerdos donde deliberadamente se mirará hacia otro lado. Las marcas multinacionales tienen la responsabilidad de controlar dónde y cómo se han fabricado las prendas para asegurar que todas las fases de la cadena de producción respetan las leyes nacionales y los estándares internacionales de los que se empapan en las memorias de responsabilidad empresarial y páginas web.
Las personas refugiadas sirias han huido a Turquía y Europa buscando asilo y cobijo, para luego solo encontrar sospecha y explotación. Estas y todas las personas migrantes, tienen el derecho a vivir y trabajar con dignidad, a educar a sus hijos e hijas y a mantenerlas a salvo. Tienen derecho a un salario digno, un entorno seguro donde trabajar y protección legal. Es una responsabilidad compartida proporcionar tales condiciones: gobiernos, marcas y distribuidoras, fabricantes subcontratados y personas consumidoras juegan un papel.
La Campaña Ropa Limpia en Turquía, con la ayuda de la red internacional de la Campaña Ropa Limpia, exige al gobierno turco que promulgue leyes que aseguren la protección de los derechos de las personas refugiadas a trabajar y ponga en práctica los mecanismos de supervisión para que estas leyes se hagan efectivas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables, entre las que se encuentran las refugiadas sirias.
Tanto los fabricantes turcos como las empresas multinacionales a las que abastecen tienen el deber de actuar responsablemente hacia las personas empleadas, independientemente de lo débil que sea el control estatal. A pesar del estatus legal de cada persona trabajadora, se les debe proporcionar al menos el salario mínimo y las prestaciones que exige la ley. Las grandes marcas y los distribuidoras deben revelar públicamente qué fábricas están contratando para producir sus bienes, desde la producción del textil hasta los talleres finales, y asegurar que no están promoviendo condiciones de explotación de trabajadores y trabajadoras vulnerables en sus prácticas de compra.
Es necesario que los consumidores y las consumidoras nos solidaricemos con aquellos y aquellas trabajadoras que han fabricado nuestra ropa, no mediante el boicot sino actuando para exigir la protección de las personas sirias refugiadas, tanto en Turquía como en Europa. Esto incluye a los consumidores y las consumidoras turcas, que pueden unirse para exigir el reconocimiento de los derechos de los personas refugiadas.
La Unión Europea también tiene una responsabilidad tanto fuera como dentro de sus fronteras para asegurar que las personas refugiadas encuentran un asilo seguro que garantice la capacidad para vivir y trabajar con dignidad, donde fuera que elijan hacerlo.
