La pandemia mundial del COVID-19 continúa creciendo y extendiéndose. La mitad de la población mundial está bajo algún tipo de aislamiento o restricción de movimiento con el fin de controlar la propagación del coronavirus. Las trabajadoras del textil de la cadena de suministro global, que ya hacen frente a salarios de miseria y situaciones de vida precarias, se ven expuestas a una inseguridad creciente a medida que cierran las fábricas por la disminución del número de pedidos y que los gobiernos paralizan la fabricación para proteger la salud pública.
Las trabajadoras de la industria de la confección han sido golpeadas por cada una de las tres olas de esta pandemia. Primero, cuando China identificó el COVID-19 en su población, el país dejó de exportar las materias primas necesarias para la producción de prendas de vestir. Como resultado, muchas fábricas en el sur y sudeste de Asia cerraron temporalmente y enviaron a las trabajadoras a sus hogares, a menudo sin previo aviso ni el pago de los salarios. La siguiente ola golpeó cuando el virus llegó a Europa y Estados Unidos. Las marcas de ropa anularon los pedidos en curso sin haberlos pagado y dejaron de hacer nuevos pedidos. Las fábricas proveedoras que operan con estrechos márgenes debido a los bajos precios pagados por las marcas de ropa, fueron obligadas una vez más a cerrar las fábricas y enviar a las trabajadoras a sus casas sin pagarles. La última ola está golpeando ahora, a medida que el coronavirus se propaga en estos países. Algunos países han cerrado los centros de producción de ropa como medida de precaución, una vez más enviando a las trabajadoras a casa sin pago alguno. Otros han permanecido abiertos, a pesar del riesgo significativo para la salud de las personas trabajadoras en las fábricas altamente pobladas.
Anton Marcus, Secretario adjunto de Free Trade Zones & General Services Employees Union, dijo: “El impacto del COVID-19 en las trabajadoras textiles en Sri Lanka ha sido inmenso. Las trabajadoras tuvieron que regresar a sus pueblos sin sus salarios de marzo y, por lo tanto, están atravesando un momento muy difícil. Ellas sostienen a sus familias pero ahora no pueden mantenerlas. Los empresarios están aprovechando esta situación para despedir las trabajadoras y reducir los beneficios e ingresos de los empleados al afirmar que sus clientes han retirado o reducido sus pedidos. Ante esta situación, las trabajadoras contratadas serán las más duramente golpeadas».
En algunos casos, estos efectos han sido exacerbados por la mala gestión de crisis por parte de los gobiernos nacionales. India anunció un cierre nacional repentino, dejando a las trabajadoras migrantes sin medios de subsistencia ni acceso al transporte para regresar a casa, cuando muchos perdieron la vivienda proporcionada por el empleador. Algunos trabajadores migrantes se vieron obligados a caminar cientos de kilómetros hasta sus pueblos y aldeas de origen. En otros países, como Camboya y Filipinas, las medidas para combatir el virus limitan aún más el espacio público y los derechos, incluso la libertad de asociación de las trabajadoras. En Myanmar, los propietarios de las fábricas han utilizado la pandemia como pretexto para destruir los sindicatos, asegurándose de que las personas miembros del sindicato fueran las primeras en ser despedidas por las fábricas con problemas financieros.
Dos documentos recientes del Worker Rights Consortium, el Penn State Center for Global Workers’ Rights y la Campaña Ropa Limpia “Who will bail out the workers that make our clothes?” and “Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Supply Chains”, destacaron las causas principales de los efectos catastróficos del COVID-19 en las cadenas de suministro. La interconexión extrema y el desequilibrio de poderes en las cadenas de suministro provocaron que las marcas y los minoristas transfirieran la responsabilidad de las consecuencias de la disminución de la demanda de moda a sus proveedores. Las marcas de moda solo pagan al momento de la entrega – las fábricas tienen que asumir los costos de la producción y la mano de obra- y tienen suficiente poder en la cadena de suministro como para ejecutar la decisión de no pagar, incluso si esto significa de hecho el incumplimiento del contrato. Esto supone que los propietarios de fábricas en todo el mundo se quedan sin dinero para pagar los salarios a sus trabajadores, no solo el de marzo, sino el de los próximos meses en los que no entrarán nuevos pedidos. En la mayoría de los países productores de ropa, los mecanismos de protección social como el seguro médico, el seguro de desempleo o los fondos de garantía en caso de insolvencia no existen o son insuficientes, en parte debido a décadas de presión a la baja sobre los precios pagados por las prendas. Años de fracaso a la hora de tomar medidas significativas sobre los salarios han dejado a las trabajadoras sin ahorros.
Tras la publicación de estos dos documentos, un pequeño número de marcas han acordado cumplir con sus obligaciones contractuales y pagar los pedidos que las fábricas ya están produciendo. H&M, PVH Corp., propietaria de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, Inditex, propietario de Zara, y Target han acordado pagar los pedidos terminados o los que están en producción.
Ineke Zeldenrust de Campaña de Ropa Limpia dice: “Instamos a otras marcas también para que confirmen públicamente que pagarán los pedidos ya realizados, que a menudo ya se han fabricado. Se necesita una acción urgente para garantizar que todas las trabajadoras continúen recibiendo sus salarios y los beneficios que legalmente les corresponden, y que tengan ingresos suficientes para que ellas y sus familias puedan sobrevivir a esta crisis. Las marcas y los minoristas se han enriquecido gracias al trabajo mal pagado a las trabajadoras, abasteciéndose deliberadamente de los países con niveles insuficientes de protección social. Cualquier acción tomada ahora debe establecer las bases para los cambios estructurales requeridos en la regulación y la legislación de la cadena de suministro, tanto a nivel global como nacional”.
Las instituciones financieras internacionales ya se han comprometido a movilizar miles de millones de dólares para apoyar las economías de los países productores. Es fundamental que dicho apoyo venga acompañado de compromisos para priorizar las necesidades de las trabajadoras y de mecanismos que garanticen que este apoyo les llegue. Los sindicatos globales han emitido recomendaciones de cómo estas instituciones pueden garantizar una respuesta urgente y equitativa a la crisis. Es de suma importancia que las trabajadoras, tanto en las fábricas como en el sector minorista o de distribución, estén en el centro de las soluciones económicas en esta crisis, para garantizar que las medidas que deben salvaguardar la salud de las personas no conduzcan en cambio a agravar su situación de vulnerabilidad.
