Un análisis de la legislación de debida diligencia en Derechos Humanos en relación con el “Acuerdo de Bangladesh” muestra que las marcas de ropa se expondrán a riesgos considerables de responsabilidad si no negocian y firman un acuerdo de seguimiento para este innovador programa de seguridad antes de su expiración a finales de agosto de 2021.
Sin un nuevo acuerdo firmado por las marcas de ropa y los minoristas, el Acuerdo de Bangladesh dejará de existir. Este innovador acuerdo echó a andar originalmente en 2013, después del colapso del edificio Rana Plaza que mató a más de 1.100 personas trabajadoras e hirió a muchas más, y que revolucionó las inspecciones de seguridad en las fábricas de Bangladesh gracias a su naturaleza vinculante, informes transparentes y un sólido mecanismo de quejas. El Acuerdo de Bangladesh ha logrado salvar vidas al reducir drásticamente los derrumbes fatales de edificios y los incendios de fábricas en los últimos ocho años.
Ya en enero de 2020, las marcas y los sindicatos que rigen el Acuerdo de Bangladesh acordaron negociar un acuerdo de seguimiento vinculante con la opción de expandir el programa a otros países, para asegurar que el importante trabajo de seguridad seguiría siendo vinculante después de la expiración del contrato actual. Debido a la pandemia del COVID-19, las negociaciones comenzaron tarde y se prolongaron más allá de la fecha límite inicial del 31 de mayo de 2021. Pese a sus declaraciones de preocuparse por la seguridad de las trabajadoras, marcas como H&M, Aldi Nord, Otto, Auchan y Carrefour no han firmado un acuerdo. El hecho de no hacerlo contraviene sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, tanto en virtud de la ley francesa del deber de vigilancia empresarial o Loi de Vigilance, como de la próxima ley alemana sobre obligaciones de diligencia debida empresarial en las cadenas de suministro o Lieferkettengesetz.
Esto explica por qué KiK, marca alemana que se enfrentó a una demanda de compensación civil por el incendio de la fábrica Ali Enterprises en 2012 en Pakistán, es uno de los defensores destacados de la continuación del Acuerdo en Bangladesh, así como de su expansión a otros países. Si bien aquel caso finalmente fue desestimado, Miriam Saage-Maaß, del European Center for Constitutional and Human Rights, no tiene dudas:
“Las empresas que abandonan el Acuerdo corren el riesgo de procedimientos legales tanto en virtud de la legislación francesa como de la alemana. Según estas nuevas leyes, una empresa será responsable si los trabajadores de su cadena de suministro resultan perjudicados en el incendio de una fábrica o el colapso de un edificio y la marca no ha cumplido con sus obligaciones de diligencia debida”.
Según los datos del Acuerdo, a pesar del arreglo de decenas de miles de riesgos identificados en materia de seguridad, cientos de fábricas en Bangladesh aún carecen de elementos básicos como alarmas contra incendios y extintores verificados.
«Comprobando, por ejemplo, los avances en la implementación de los Planes de Acción Correctiva en las 63 fábricas de Bangladesh que producen para la marca francesa Carrefour, revela que 42 de estas fábricas aún no tienen un sistema de alarma contra incendios completamente instalado y verificado y 43 carecen de un sistema completo de extintores. Si el Acuerdo expira, estas fábricas representan un riesgo importante para la seguridad de las personas que allí trabajan y un riesgo de responsabilidad para Carrefour”, dijo Carolijn Terwindt de la Campaña Ropa Limpia.
Por sí solo, el mecanismo del Ready-made-garment Sustainability Council (RSC por sus siglas en inglés) en Bangladesh no es adecuado para cumplir con las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas. El RSC se estableció para hacerse cargo de las operaciones de inspección del Acuerdo sobre el terreno en Bangladesh, pero no puede exigir que las marcas rindan cuentas.
“A menos que exista un compromiso legalmente vinculante por parte de las marcas de continuar apoyando el trabajo del Acuerdo, incluido el requisito de que las fábricas operen de manera segura y hacer que sea financieramente viable para ellas, las vidas de los trabajadores y trabajadoras de la confección en Bangladesh estarán en peligro. Según las leyes de diligencia debida en materia de derechos humanos, si las marcas se niegan a renovar el Acuerdo, también lo ignorarán bajo su propio riesgo”, dijo Ben Hensler del Worker Rights Consortium.
El estudio ha sido realizado por Clean Clothes Campaign, Workers Rights Consortium y European Center for Constitutional and Human Rights.
Para acceder a la versión completa del informe (en inglés) pincha aquí.
