SETEM Catalunya ha publicado el informe ‘Made in Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y garantías’ que analiza el origen de la ropa comprada por un grupo de administraciones públicas en la zona de Tánger. La investigación ha sido realizada en el marco de la campaña internacional Ropa Limpia y el proyecto europeo NetWorkWear de Compra Pública Responsable, coordinado por SETEM Catalunya con la financiación de la Unión Europea.
Los uniformes y la ropa de trabajo que utilizan brigadas municipales de limpieza o jardinería, los cuerpos de bomberos o de policía, entre otros colectivos, se componen de artículos fabricados por empresas con líneas de producción internacionales y con proveedores deslocalizados. La búsqueda de SETEM ha analizado 26 empresas proveedoras de la administración pública catalana y se ha centrado en 4 que trabajan en Tánger (Marruecos).
La publicación concluye que los compradores públicos desconocen cómo y dónde se fabrica la ropa y los únicos que tienen información al respecto son aquellos que se han involucrado en procesos de impulso de la compra pública responsable y han incluido las demandas de información en los requerimientos para la contratación. Albert Sales, coordinador de la Campaña Ropa Limpia en Catalunya y coautor del informe, considera que «es extremadamente preocupante que las administraciones públicas que adquieren ropa fabricada en Marruecos no sean capaces de exigir la trazabilidad total de las condiciones de trabajo en que se ha elaborado esta ropa».
Por un lado, las administraciones públicas «no ejercen ningún tipo de control para que el dinero público se destinen a la compra de ropa producida en condiciones de explotación y, por otro, las empresas proveedoras no ofrecen garantías de que su producto no contribuye a la explotación de obreras marroquíes», añade Sales.
El sector de la moda en Marruecos
El textil y la confección constituyen el primer sector industrial de Marruecos y suponen cerca de un tercio de las exportaciones del país. Las fábricas y talleres del sector ocupan el 40% de las personas trabajadoras de la industria y generan el 66% de los trabajos femeninos. Así, el sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero los empleos creados no alejan las personas trabajadoras de la pobreza. La extensión de la jornada laboral y su irregularidad supone un factor de sobreexplotación con repercusiones personales y sociales muy graves.
Las administraciones públicas no han podido facilitar el listado de proveedores de las empresas que les vende la ropa, pero el equipo de investigación de SETEM ha logrado conocer y desplazarse a cuatro fábricas de Tánger.
En las entrevistas realizadas a obreras de las dos fábricas de propiedad española no se identificaron violaciones claras y sistemáticas de la legislación laboral marroquí aunque sí se quejaban de haber vivido períodos de exceso de horas extra realizadas sin planificación previa. Dos de las trabajadoras confirmaron que durante el año había al menos 4 períodos de más de dos semanas en las que se trabajaba cerca de 60 horas a la semana. Las trabajadoras entrevistadas afirmaban recibir un salario de 11 Dh / hora, algo superior al salario mínimo interprofesional garantizado, que se traducía en un salario mensual de unos 210 euros.
En las fábricas proveedoras de empresas españolas de propiedad local, la jornada laboral habitual es de 9 horas diarias de lunes a sábado, y la jornada semanal habitual de 54 horas. Aunque las trabajadoras afirman que se les advierte con uno o dos días de antelación, las horas extras son excesivas y obligatorias. En estos momentos de gran producción las jornadas semanales pueden llegar a las 72 horas, acudiendo las trabajadoras en las fábricas en domingos y festivos de forma obligatoria. Los salarios de las trabajadoras iban de los 8 Dh / hora a los 10 Dh / h, siempre por debajo del salario mínimo interprofesional garantizado.
Según las conclusiones del estudio, en las zonas industriales de Tánger es una práctica muy extendida que los patrones retengan a las personas trabajadoras las cotizaciones a la seguridad social de su salario sin abonarse posteriormente a la autoridad correspondiente. La trabajadora cree gozar de cierta protección ante una posible baja por enfermedad o una situación de desempleo, pero cuando intenta hacer valer sus derechos adquiridos se da cuenta que no figura en los listados de las oficinas de la seguridad social.
¿Qué pueden hacer las administraciones públicas?
Los clientes institucionales que deseen dar los primeros pasos en materia de compra pública responsable deben ser conscientes de que la información es básica para ejercer presión en las empresas del sector. Incluir el requisito de que se anexe una lista de proveedores en el contrato es una medida sencilla que facilita ir avanzando en el conocimiento de los mercados de origen y que impone una cierta presión para la mejora en las empresas del sector.
La Campaña Ropa Limpia recuerda que este estudio se focaliza en Marruecos pero que las situaciones que se describen son desgraciadamente frecuentes en muchos otros países.
