El 24 de abril de 2024 se cumplieron 11 años de la peor tragedia de la industria de la moda: el derrumbe del edificio Rana Plaza, en el que murieron 1.138 personas. La catastrófica cifra de muertos y heridos fue causada por una mezcla mortal de marcas de moda que ignoraban las peligrosas condiciones de las fábricas, los salarios de miseria y, sobre todo, las restricciones a la capacidad de las trabajadoras para organizarse colectivamente. Aunque se han logrado avances sin precedentes para que las fábricas sean más seguras, la brutal represión de los derechos de las trabajadoras que sigue produciéndose en respuesta a las protestas por el aumento del salario mínimo ha demostrado que las marcas de ropa que producen en Bangladesh siguen sin garantizar el respeto de los derechos básicos de sus trabajadoras.
El edificio Rana Plaza, que albergaba cinco fábricas de confección, se derrumbó la mañana del 24 de abril de 2013. El edificio había sido evacuado el día anterior porque las trabajadoras habían señalado grietas peligrosas en las paredes. Mientras las tiendas de la planta baja permanecían vacías ese día, las fábricas de confección se negaron a perder un día más de producción y obligaron a las trabajadoras a entrar en la fábrica bajo la amenaza de retener sus salarios. Luchando por sobrevivir con salarios de miseria y sin un sindicato que defendiera colectivamente sus derechos, la mayoría de las trabajadoras entraron ese día en sus fábricas. Esta catástrofe era previsible y evitable. Las marcas conocían el peligro de los edificios de varios pisos del país y, sin embargo, se negaron a tomar medidas. También sabían que la coacción implícita en los salarios de miseria limitaba gravemente las opciones de las trabajadoras y, lo que es más importante, que las limitaciones de los derechos fundamentales de sindicación dejaban a las trabajadoras expuestas a graves riesgos.
Fábricas más seguras
Sindicatos y grupos de defensa de los derechos laborales llevaban más de una década planteando estas cuestiones y habían elaborado un acuerdo vinculante que debían firmar marcas y sindicatos para hacer más seguras las fábricas. A pesar de años de campaña y diálogo con las principales marcas compradoras de Bangladesh, sólo dos marcas firmaron este acuerdo antes del colapso. Otras marcas siguieron confiando en el mismo sistema de auditoría social que no había logrado evitar muchas catástrofes anteriores, y no reconocieron los riesgos del edificio Rana Plaza. Para que las medidas fueran inevitables, apenas tres semanas después de la catástrofe, un grupo de grandes marcas firmó el Acuerdo sobre Seguridad de Incendios y Edificios en Bangladesh.
Este acuerdo y sus sucesores (el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección) son la razón por la que Bangladesh, que antes de 2013 veía con frecuencia víctimas masivas en las fábricas de confección, no se ha enfrentado a desastres similares desde entonces. Mejoras que van desde la instalación de equipos contra incendios y la eliminación de cerraduras en las puertas, hasta la renovación a gran escala de edificios estructuralmente inseguros, así como la formación de las trabajadoras y un mecanismo de reclamación han supuesto un verdadero cambio, especialmente en los primeros siete años del Acuerdo en Bangladesh, antes de que los empresarios empezaran a ejercer una influencia indebida sobre el programa. El éxito del Accord es reconocido por las 200 marcas de todo el mundo que han firmado consecutivamente los acuerdos del Accord, entre ellas algunas de las mayores y más conocidas del mundo, como H&M, Uniqlo, Inditex (Zara) y PVH (Calvin Klein). Sin embargo, sigue habiendo grandes marcas que continúan escudándose en autocontroles o en iniciativas impulsadas por la industria sin participación sindical. Entre ellas está el grupo español Tendam*, propietario de las firmas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women’Sectret, o empresas conocidas como Levi’s, IKEA, Kontoor Brands (Lee, Wrangler), Decathlon, Amazon, Columbia Sportswear, entre otras.
Ver aquí qué marcas y cuáles no han firmado el Acuerdo
Sin embargo, el Acuerdo sólo inspecciona y cubre el último escalón de la producción de prendas de vestir. Esto significa que las trabajadoras de las cadenas de suministro de las marcas firmantes del Acuerdo también podrían estar arriesgando sus vidas mientras trabajan en fábricas textiles e instalaciones de teñido sin que se tomen las mismas medidas de seguridad. Es importante que las marcas firmantes del Acuerdo tomen medidas para garantizar que también estas instalaciones se incluyan en el ámbito de aplicación del Acuerdo.
Salarios de pobreza
Sin embargo, la catástrofe del Rana Plaza fue causada por algo más que un edificio inseguro. Una de las razones por las que las trabajadoras se sintieron obligadas a entrar en el edificio Rana Plaza fue la amenaza de retener los salarios, que son tan bajos que las trabajadoras suelen tener importantes deudas. Los insignificantes aumentos del salario mínimo de 2013, 2018 y 2023 mantuvieron los niveles de pobreza salarial, y los intervalos de cinco años significaron que la inflación mermó aún más la capacidad de las trabajadoras para llevar comida a la mesa. El último proceso de revisión salarial de 2023, muy poco democrático, dio como resultado un nuevo salario mínimo de 12.500 BDT (113 USD), poco más de la mitad de lo que pedían los sindicatos basándose en los cálculos del coste de la vida. Se trata de una mera fracción de lo que constituiría un salario digno.
Manifestación Salario Mínimo en Bangladesh (octubre 2023)
Los sindicatos y las organizaciones de defensa de los derechos laborales se dirigieron repetidamente a las marcas durante este proceso para instarlas a que se pronunciaran en apoyo de las reivindicaciones de las trabajadoras y garantizaran a sus fábricas proveedoras que aumentarían los precios pagados por sus productos para hacer frente al aumento. Las marcas, cuyo poder para imponer precios bajos influye directamente en los salarios y las condiciones de sus fábricas proveedoras, mantuvieron vagos sus compromisos y no lograron infundir ninguna confianza entre los propietarios de las fábricas de que un aumento salarial sería financieramente viable. Sólo después del anuncio salarial, marcas como H&M anunciaron que harían lo mínimo al incluir en sus precios el salario de pobreza recién declarado, y recibieron elogios de los medios de comunicación de todo el mundo por ello, lo que demuestra lo bajo que está el listón en el comportamiento de las marcas. Esta compresión de precios a la baja limitó el aumento salarial, y ahora incluso parece afectar a la aplicación de este aumento salarial tan limitado. Según los informes, varias fábricas, incluidas las proveedoras de grandes marcas internacionales, no aplican el nuevo salario, lo que significa que las trabajadoras ni siquiera reciben el salario de miseria al que tienen derecho por ley.
Libertad de asociación
Las trabajadoras no se quedaron calladas mientras se decidía un nuevo salario de miseria mediante un proceso que excluía sus voces. Los sindicatos empezaron a organizarse para conseguir una propuesta salarial que cubriera el coste de la vida de las trabajadoras a principios de 2023. En octubre de 2023, cuando la patronal presentó una propuesta salarial desalentadora, muchas más trabajadoras salieron a la calle para protestar, y volvieron a hacerlo en noviembre, cuando la junta salarial del país hizo su recomendación final de sólo 12.500 BDT (113 USD). A instancias de la industria, se desplegaron la policía, el ejército y unidades especiales para reprimir las manifestaciones espontáneas. Los empresarios no protegieron a las trabajadoras ante el evidente riesgo de violencia mortal, sino que, a medida que aumentaban las tensiones, muchos cerraron sus fábricas y enviaron a las trabajadoras a la calle sin avisarles ni prestarles asistencia, exponiéndolas a graves peligros. Tanto las trabajadoras que protestaban como las que no tenían intención de hacerlo fueron objeto de violenta represión y uso arbitrario de la fuerza, lo que causó cuatro muertes y muchos más heridos
Las cuatro trabajadoras fallecidas (Rasel Howlader, de 26 años, Jalal Uddin, de 40, Anjuara Khatun, de 23, Imran Hossain, de 32) producían para marcas internacionales como H&M, Zara, C&A, Bestseller y Walmart. Las muertes en las cadenas de suministro de las propias marcas reflejan un grave fallo en la diligencia debida y en el uso de la influencia económica para proteger a las trabajadoras. Dados los resultados idénticos y la muerte de las trabajadoras en 2018, la violencia que rodeó las protestas fue premeditada y predecible, pero las marcas no tomaron ninguna medida significativa antes o durante el proceso del salario mínimo para evitar una trágica repetición. Sin embargo, cada una de estas marcas se ha negado a indemnizar a las familias más allá de la mísera compensación de alrededor de 4.500 dólares que las familias han recibido hasta ahora, que está muy lejos del enfoque de compensación ampliamente aceptado establecido tras el desastre de Rana Plaza (basado en el Convenio 121 de la OIT).
Las denuncias policiales y las causas judiciales, presentadas contra las trabajadoras y los dirigentes sindicales por los propietarios de las fábricas y la policía, dieron lugar a detenciones, encarcelamientos prolongados y acusaciones penales. Dado que la gran mayoría de las acusaciones van dirigidas contra «trabajadores anónimos», la amenaza de un proceso judicial pende ahora sobre las cabezas de cualquier trabajadora que se salga de la línea y que, de repente, podría ser «identificada» como parte de un caso en curso, como ya ha ocurrido con varios destacados organizadores sindicales. Las organizaciones de defensa de los derechos laborales han instado a las grandes marcas internacionales en cuyas cadenas de suministro las fábricas han presentado tales casos a que utilicen su influencia ante los proveedores para garantizar que se retiran los cargos. Aunque esto ha llevado a la retirada de varios casos y a otros en curso, la mayoría de las marcas no han actuado, permitiendo que unas dos docenas de casos sigan activos. Marcas como H&M, Inditex (Zara), Next y C&A tienen la influencia necesaria para garantizar la retirada de estos casos, pero han eludido su responsabilidad.
Los casos judiciales son especialmente atroces porque tienen un efecto amedrentador sobre la organización de las trabajadoras en Bangladesh. A pesar de algunas mejoras iniciales en los años inmediatamente posteriores al colapso, sigue siendo extremadamente difícil registrar un sindicato en Bangladesh y la violencia y el acoso contra los organizadores son habituales. En junio de 2023, Shahidul Islam, organizador de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh, fue golpeado hasta la muerte tras abandonar las negociaciones salariales con la fábrica Prince Jacquard Sweater. A principios de este año, dos organizadoras de la Federación de Trabajadoras de la Confección de Akota fueron agredidas y hospitalizadas tras abandonar una fábrica que intentaban organizar.
Una nueva ley para exigir responsabilidades a las marcas
El derrumbe del Rana Plaza abrió los ojos a los ciudadanos y responsables políticos de los países consumidores sobre el papel de las empresas en la vulneración de los derechos humanos y laborales en las cadenas de valor mundiales y la necesidad de regular el comportamiento de las empresas. Activistas, sindicatos y grupos de defensa de los derechos laborales destacaron la necesidad de imponer obligaciones vinculantes a las empresas y de aumentar la rendición de cuentas por parte de estas.
Estos llamamientos tuvieron su primer éxito en 2017, cuando en Francia se aprobó la primera ley de diligencia debida de la historia, apodada «ley Rana Plaza». Alemania siguió su ejemplo en 2023. Exactamente 11 años después del derrumbe, el Parlamento Europeo votará la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial.
El 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo votará la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida en la Sostenibilidad Corporativa, que supone un paso adelante para que las marcas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos y laborales en sus cadenas de suministro. Estos recientes acontecimientos en Bangladesh demuestran cuánto trabajo tienen aún por delante las marcas de moda mundiales para estar a la altura de estas nuevas obligaciones legales de diligencia debida en materia de derechos humanos.
Esta ley obligará a las empresas a llevar a cabo un proceso de diligencia debida en su cadena de suministro, incluida la cadena de valor ascendente y las relaciones comerciales directas e indirectas para identificar, prevenir, mitigar y remediar el impacto negativo que se produzca en su cadena de valor. En algunos casos, las empresas también podrían ser legalmente responsables de sus acciones e impactos sobre las trabajadoras. La legislación propuesta sólo cubrirá a las mayores empresas activas en la UE, pero no deja de ser un paso importante para responsabilizar a las marcas de su impacto en las cadenas de valor mundiales y contribuirá a evitar que se produzcan nuevas catástrofes.
Por primera vez en la última década, este día de conmemoración será también un día de esperanza. En el día en que recordamos las vidas perdidas en el derrumbe del Rana Plaza, esta votación representa un hito importante para las trabajadoras, las comunidades y los activistas de todo el mundo, y un gran paso para la rendición de cuentas de las empresas.»
La complicidad de las marcas con la reciente represión en Bangladesh demuestra que aún les queda un largo camino por recorrer para respetar plenamente los derechos humanos y laborales en sus cadenas de suministro. Para cumplir sus compromisos y llevar a cabo un proceso de diligencia debida adecuado, tal y como se ha codificado recientemente en la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Empresarial, creemos que las marcas internacionales de moda deben:
- Exigir a sus proveedores que retiren inmediatamente todas las denuncias penales que hayan presentado contra las trabajadoras relacionadas con las protestas;
- Exigir que se revoque cualquier otra medida de represalia adoptada contra las trabajadoras por sus proveedores, incluida la readmisión de las trabajadoras despedidas al mismo nivel de antigüedad, con el pago íntegro de los salarios atrasados;
- Condenar públicamente la oleada de represión contra las trabajadoras de la confección de Bangladesh, destacando el apoyo a los derechos fundamentales de asociación y reunión de las trabajadoras y la retirada inmediata de todas las acusaciones masivas contra las trabajadoras.
- Garantizar que se proporciona una compensación económica coherente con las normas internacionales a la familia de las trabajadoras asesinadas en sus cadenas de suministro;
- Utilizar su influencia y adaptar su política de precios para garantizar el pago de salarios dignos;
- 6. Firmar el Acuerdo Internacional y todos los programas nacionales pertinentes y, en el marco del Acuerdo, comprometerse activamente con la aplicación efectiva del programa y su ampliación a más fábricas dentro de su propia cadena de suministro.
*Según la última actualización del listado de empresas signatarias del Acuerdo Internacional, el grupo Tendam, propietario de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women’Secret está entre las marcas firmantes del Acuerdo Internacional y del Acuerdo de Pakistán. Aunque sigue sin firmar el Acuerdo de Bangladesh.
