Las mujeres sufren violencia laboral sistémica, pero hay sectores donde la desigualdad es estructuralmente más frecuente, porque hay muchas mujeres en posiciones con niveles salariales bajos y sin autoridad en la toma de decisiones.
En el sector de la confección, la mayoría de personas trabajadoras son mujeres, mayoritariamente jóvenes y migrantes. Los cargos superiores, no obstante, los ocupan hombres. Los sueldos son insuficientes, la presión para producir es muy alta y muchas veces las trabajadoras no tienen derecho a la asociación. En caso de que haya organizaciones, los hombres lideran la mayoría de sindicatos que existen y muy pocas mujeres están afiliadas.
Desde la Campaña Ropa Limpiatraducimos y hacemos difusión del informe de la oficina internacional Clean Clothes Campaign, donde se exploran las conexiones entre la explotación económica y la violencia contra las mujeres trabajadoras. El estudio se basa en una investigación en las fábricas de Bangladesh del Centro de Solidaridad de las Trabajadoras de Bangladesh (BCWS) y FEMNET. Concluyen que el 75% de las más de 600 personas entrevistadas (642 en total: 484 trabajadoras y 158 trabajadores) afirmaron haber experimentado violencia de género en las fábricas y, entre ellas, un 75% son víctimas de acoso sexual de manera habitual.
¿Qué consecuencias tiene nuestro modelo de consumo?
Una de las causas principales de violencia a las fábricas textiles es la presión que ejerce la llamada fast fashion, nuestro modelo de consumo insaciable y frenético. El 64% de las trabajadoras entrevistadas denuncian fuertes presiones para producir, y un tercio han recibido amenazas y violencia de sus superiores.
El sistema de cadenas de suministro supone unos niveles salariales muy bajos, porque las marcas exigen precios mínimos y plazos de entrega muy cortos. La precariedad económica dificulta que las afectadas se puedan defender en situaciones violentas.
A menudo centramos los debates sobre la violencia de género en las violencias verbales o físicas, pero la explotación económica es una de las formas de violencia más frecuente y más estructurada contra las trabajadoras de la industria textil. Las mujeres cobran menos por trabajos del mismo valor y es más habitual que trabajen en exceso.
A menudo, la precariedad les obliga a hacer trabajos no remunerados al margen del contrato, o incluso situaciones de explotación sexual, explotación infantil o tráfico de personas. Además, hay que tener en cuenta que socialmente son también las encargadas de las tareas domésticas y de cura, carga doble no remunerada.
Hay que establecer políticas que condenen la violencia y el acoso de manera clara, que protejan las víctimas y fomenten que las trabajadoras denuncien los hechos. A las marcas les exigimos transparencia, salarios dignos y protocolos eficaces contra el acoso en las fábricas. A las instituciones les reclamamos una legislación de diligencia debida en derechos humanos y con perspectiva de género.
