La campaña surge tras el arresto arbitrario y la detención de personas trabajadoras y líderes sindicales, el cierre de sindicatos, despidos en masa y amenazas e intimidación hacia representantes laborales.La reciente represión se une a años de una estrategia antisindical por parte de las empresas, actuando con total impunidad y a la negativa del gobierno a introducir leyes y prácticas laborales en línea con los estándares internacionales. Las continuas advertencias y recomendaciones a cargo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en relación a estas violaciones han sido en gran medida ignoradas.
En diciembre de 2016, el gobierno de Bangladesh utilizó el pretexto de la jornada de huelga que duró una semana para pedir mayores sueldos y trabajo digno en Ashulia – un área industrial cerca de Dhaka, la capital – para lanzar un ataque frontal contra activistas sindicales y organizaciones que operan en el sector textil. Desde entonces, al menos 25 personas, activistas laborales y sindicales, han sido detenidas, y se han presentado cargos contra cientos de trabajadores y trabajadoras anónimas – una estrategia para amenazar quienes continúan denunciando estas prácticas- Muchas de ellas fueron arrestadas utilizando la Sección 16 (2) de la controvertida «Special Powers Act» (Ley de Poderes Especiales), que el Tribunal Supremo determinó la semana pasada que ya no estaba vigente. La mayoría de las personas procesadas bajo esta ley, y por otros cargos, continúan en prisión.
El viernes 10 de febrero, nueve miembros de la Federación Independiente de Sindicatos Textiles de Bangladesh (BIGUF), incluidos veteranos líderes de la organización, fueron arrestados. Fueron puesto en libertad bajo fianza el lunes 13.
Además, los dueños de las fábricas han despedido en masa y de manera ilegal a entre 1500 y 3000 personas, acusadas sin pruebas de participar en las movilizaciones. Muchas fueron forzadas a firmar acuerdos de indemnización con las fábricas e invitadas a abandonar el área bajo amenaza de más arrestos.
El programa «Everything But Arms» (Todo salvo armas), que forma parte del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE, confiere a los 49 países menos desarrollados (LDCs por sus siglas en inglés) libre acceso al mercado europeo para todos los productos excepto armas y munición. A todos los países bajo dicha calificación de las Naciones Unidas de «menos desarrollados» se les concede tal acceso, y normalmente permanecen en el programa hasta que salen de la categoría de LDC. Sin embargo, la Unión Europea exige que los países beneficiarios del SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) respeten los estándares de Derechos Humanos, incluidos los derechos laborales. De acuerdo a las bases de la SGP, el no cumplimiento de tales condiciones puede acarrear una investigación y posterior suspensión de las preferencias si el país beneficiario no toma ninguna medida al respecto.
Sam Maher, de la Campaña Ropa Limpia afirma que «la industria de ropa de Bangladesh se ha beneficiado notablemente del acceso que consigue a los mercados de la Unión Europea. Sin embargo, mientras estos beneficios llegan a los bolsillos de las compañías multinacionales y propietarios de las fábricas de Bangladesh, no están llegando a los trabajadores y trabajadoras cuyas vidas se consumen produciendo nuestra ropa. Entre toda esta represión no deberíamos olvidar que las trabajadoras y los trabajadores salieron de sus fábricas para pedir aumentos en sus salarios, una demanda razonable en un país cuyo salario mínimo de 63 euros es el más bajo de la región y no ha sido revisado en los últimos tres años. Estas personas no son criminales, son trabadores en condiciones muy duras que simplemente quieren un salario digno por el trabajo que realizan.»
A raíz de los últimos sucesos, la Campaña Ropa Limpia está apelando a la Dirección General del Comercio de la Unión Europea para que cumpla con su responsabilidad de promover los Derechos Humanos en sus relaciones externas y reforzar la legislación al respecto. El gobierno ha gozado de numerosas oportunidades para proteger los derechos humanos pero ha fracasado para llevarlo a cabo. De hecho, la situación ha empeorado significativamente tras el derrumbe de la fábrica de Rana Plaza en 2013.
La Campaña Ropa Limpia exige una intervención inmediata del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS por sus siglas en inglés) para asegurar la liberación de todas las personas encarceladas, la retirada de todos los cargos y la restauración de la libertad de asociación. La represión sindical debe acabar, así como el cierre y vigilancia de los sindicatos y las represalias y presión sobre las trabajadoras y los trabajadores.
Así mismo, exigimos a la Dirección General de Cooperación y Desarrollo, así como a los gobiernos europeos la suspensión de toda la cooperación financiera con la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (BGMEA por sus siglas en inglés) hasta que las actuales restricciones de libertad de asociación no se retiren.
«Años de pasividad de la Unión Europea han supuesto que el gobierno de Bangladesh, junto con los propietarios de las fábricas, crean que pueden reprimir a sus trabajadores y trabajadorascon impunidad» dijo Sam Maher. «Esto tiene que acabar. La Unión Europea debe hacer uso de su influencia para demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible y mandar un mensaje firme al gobierno de Bangladesh de que tal represión no será tolerada por la comunidad internacional. Si la UE no es capaz de encomendar una investigación inmediata solo se podrá interpretar como un acto de complicidad hacia futuros actos de represión en Bangladesh.»
