Nos solidarizamos con el Instituto Ecuménico para la Educación y la Investigación Laboral (EILER) de Filipinas, organización con la que colaboramos desde las campañas de Electrónica Justa y Ropa Limpia de SETEM.
EILER es una institución laboral no gubernamental y sin ánimo de lucro que promueve la dignidad de los trabajadores y trabajadoras a través de la educación y la investigación laboral. Fundada en 1981 con el apoyo de grupos eclesiásticos y líderes sindicales, el Patronato y el personal de la institución se han solidarizado con los trabajadores, trabajadoras y sectores marginados en sus luchas por salarios dignos, condiciones laborales humanas, seguridad en el empleo, el bienestar de las mujeres y de las personas trabajadoras LGBTQIA+, y la libertad de asociación. Se trata de derechos fundamentales reconocidos por los convenios internacionales, el Código Laboral y la Constitución filipina. De hecho, desde 2019, EILER es uno de los más firmes defensores de la ratificación del Convenio n.º 190 de la OIT en Filipinas, cuyo onbjetivo es combatir la violencia de género y el acoso en el mundo laboral.
EILER condena los recientes incidentes de etiquetado rojo en Quezon City, donde fue falsamente acusado de terrorismo. Han registrat tres incidents d’etiquetatge vermell entre desembre de 2024 i febrer de 2025 en el Districte 4 de Quezon City. Se han registrado tres incidentes de etiquetado rojo entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en el Distrito 4 de Quezon City.
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El primer incidente tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando se colgó un saco en el edificio donde se encuentra la oficina de la institución. El saco etiquetaba a EILER como «reclutador de terroristas».
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El segundo incidente tuvo lugar en enero de 2025, cuando se encontró otro saco colgado en un solar situado frente al mismo edificio. Esta valla suele utilizarse para exhibir carteles de campaña de candidatos electorales. El saco llevaba un mensaje que acusaba al partido Bayan Muna de ser un «reclutador de terroristass».
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El tercer y más reciente incidente ocurrió en febrero de 2025, cuando se colocó una pegatina en la entrada del edificio, acusando de nuevo a EILER de ser un «reclutador de terroristas» y afirmando que «¡muchos han muerto por culpa de EILER!».
El etiquetado rojo como herramienta de represión
El etiquetado rojo es una forma de represión patrocinada por el Estado, en la cual organizaciones legales (como EILER) son falsamente acusadas de terrorismo o vinculadas a grupos armados. El etiquetado rojo se utiliza para atacar a personas y organizaciones que trabajan legalmente por la justicia social y los derechos laborales. Sus efectos incluyen violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y un creciente temor al ejercicio de las libertades fundamentales.
Durante el gobierno de Marcos Jr. se han producido 80 casos de etiquetado rojo y acoso contra defensores de los derechos laborales[Datos de CTUHR]. El personal cooperant i les ONG també s’enfronten a greus atacs. Segons una enquesta reaEl personal cooperante y las ONG también se enfrentan a graves ataques. Según una encuesta realizada entre organizaciones sin ánimo de lucro, el 62% de las personas encuestadas afirman haber sufrido etiquetado rojo, vigilancia y acoso en diversas plataformas. Un 33% ha sido acusado de presunto financiamiento del terrorismo, y un 17% enfrenta causas judiciales relacionadas con dichas acusaciones [ DefendNGOs Alliance]. Los casos de etiquetado rojo contra candidatos se han convertido en una de las principales infracciones electorales en las elecciones de 2025 [Listados de infracciones de campaña de los organismos de control electoralVoteReportPH i Kontradaya].
EILER insta al gobierno de Marcos Jr. a que tome medidas concretas para poner fin a la proliferación del etiquetado rojo y a otras formas de represión contra las libertades civiles y políticas.
Se exige el desmantelamiento de la NTF-ELCAC, la agencia responsable del etiquetado rojo y la aplicación de las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT, incluyendo un organismo independiente para investigar los ataques contra los trabajadores y trabajadoras.
