El Ministerio de Trabajo de Bangladesh propuso el pasado 7 de noviembre un nuevo salario mínimo de 12.500 BDT (106 Euros) para las 4,4 millones de personas que trabajan en las fábricas de confección del país. El nuevo salario mínimo está muy alejado de la demanda sindical de 23.000 BDT, el mínimo necesario para situar a las trabajadoras y trabajadores por encima del umbral de la pobreza.
El nuevo salario mínimo condena a las trabajadoras a tener que seguir luchando diariamente por su supervivencia durante los próximos cinco años. Con salarios tan bajos, se ven forzadas a buscar fuentes adicionales de ingresos para cubrir sus gastos de subsistencia más básicos. Después de trabajar 48 horas en la fábrica (el horario normal previsto por la ley), las trabajadoras y los trabajadores tienen que hacer horas extras, piden préstamos e incluso se saltan comidas para intentar llegar a fin de mes. Los salarios de miseria son también la razón principal por la que a veces los padres no tienen otra opción que poner a sus hijos a trabajar.
El proceso de fijación del salario mínimo en Bangladesh, extremadamente opaco y sesgado, ha estado acompañado de varias semanas de disturbios. Desde que la poderosa patronal del textil, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Textiles de Bangladesh (BGMEA), propusiese en Octubre un insultante incremento del salario mínimo a 10.400 taka, hubo movilizaciones de protesta en todo el país que fueron violentamente reprimidas por la policía con uso de gases lacrimógenos, balas de goma y munición real. Al menos tres personas murieron y decenas más resultaron heridas. Se han iniciado procedimientos judiciales contra muchos manifestantes, lo que hace temer que se produzcan detenciones y que haya represalias. El reciente anuncio salarial del gobierno de Bangladesh podría desencadenar nuevos disturbios en la capital del país.
Los propietarios de las fábricas de Bangladesh afirman que no pueden permitirse que el salario mínimo se fije en más de 12.500 Takas, y algunos afirman que este salario podría incluso dejar fuera del negocio a algunos subcontratistas. Sin embargo, son las marcas internacionales de moda (los compradores) quienes dictan los precios en la industria. En principio, sus precios de compra siempre deberían permitir a los propietarios de las fábricas pagar al personal un salario digno. La realidad es que, en la mayoría de los casos, los precios que pagan las marcas apenas alcanzan para pagar los salarios mínimos de pobreza en países como Bangladesh.
La responsabilidad de las marcas internacionales
La red internacional Campaña Ropa Limpia ha lanzado numerosos llamamientos a las marcas internacionales de moda para que públicamente apoyen la demanda salarial sindical – salario mínimo de 23.000 Taka – y garanticen a sus proveedores un aumento de los precios de compra y que permanecerán en el país tras el aumento salarial. Con la excepción de la marca Patagonia que apoyó explícitamente la reivindicación sindical de 23.000 Taka (pero no se comprometió a aumentar los precios que pagaría a sus proveedores), el resto de empresas internacionales contactadas o bien hicieron tímidas declaraciones que no explicitaban la cifra de 23.000 Taka de salario mínimo (Inditex) o bien permanecieron vergonzosamente calladas (H&M, Uniqlo, C&A, Next…)
Estas grandes marcas que producen en Bangladesh, recogen el pago de salarios dignos entre los compromisos de sus códigos de conducta. No obstante, en el momento más crucial para que las marcas utilicen su enorme poder de influencia para garantizar que las personas que confeccionan sus prendas no vivan en la pobreza, se lavan las manos, lo que ilustra la vacuidad de estos compromisos de salarios dignos.
El Primer Ministro aún no ha aplicado formalmente el nuevo salario mínimo. Ahora les correspondería a las marcas internacionales hacer cumplir sus supuestos compromisos y asegurarse de que las trabajadoras y trabajadores de su cadena de suministro ganan al menos 23.000 Takas, que es el mínimo necesario para llegar a fin de mes (pese a que esta cifra sigue sin constituir un salario digno para los estándares del país).
Un proceso de revisión salarial fuertemente cuestionado
Como ya ocurrió en 2018, los sindicatos independientes de Bangladesh han elevado sus críticas respecto a la integridad del proceso de fijación de salarios. Exigen que se revise el salario mínimo cada año y no cada cinco años como ocurre actualmente. Reclaman también que el representante sindical en el Consejo de Salarios debe seleccionarse entre los sindicatos más representativos. Tanto en ésta como en anteriores negociaciones salariales se ha incumplido esta norma para designar a un «representante de los trabajadores» favorable a los intereses de la patronal y el gobierno.
Por último, los sindicatos independientes señalan que, contrariamente a la patronal, su propuesta de 23.000 Takas se fundamenta en los criterios determinados tanto por la legislación laboral del país (la Ley del Trabajo de Bangladesh) como por las normas internacionales del trabajo (Convenio 131 de la OIT sobre fijación del salario mínimo).
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