La industria textil tiene complejas cadenas de producción y responsabilidad en las que intervienen una gran variedad de actores a todos los niveles. Durante muchos años, la escasa transparencia y la falta de información sobre las cadenas de suministro europeas han supuesto un obstáculo para la mejora de los derechos humanos y de las condiciones laborales. Por ejemplo, tras el derrumbe del Rana Plaza en abril de 2013, poder identificar a las empresas que se abastecían de una de las cinco fábricas del edificio fue crucial para establecer responsabilidades e indemnizar a las víctimas. En cambio, ni la Unión Europea ni los Estados miembros fueron capaces de conseguir esa información. La única manera de identificar a las empresas europeas fue buscando etiquetas entre los escombros.
Según los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU las empresas y los gobiernos deben comunicar los progresos realizados en cuanto al cumplimiento del deber de proteger y su responsabilidad de respetar losDDHH y remediar las vulneraciones cometidas. Concretamente, tanto las empresas como los gobiernos deben “conocer y demostrar” que están cumpliendo con su responsabilidad, y es gracias a ese proceso de evaluación y difusión que son conscientes de la necesidad de prevenir y abordar los impactos negativos sobre los DDHH. Existe la clara necesidad de desarrollar las normas indicativas de los Principios Rectores para explicar mejor en qué consiste que las empresas y los gobiernos actúen con transparencia.
