El día 5 de Febrero 2009, la corte procesal regional de Mindoro, Filipinas, anunció que seis activistas de derechos laborales y humanos detenidos, entre los cuales estaba Atty. Remigio D. Saladero Jr., tenían que ser puestos en libertad de inmediato. Junto con otros 66 activistas de derechos laborales y humanos, los seis habían sido acusados de asesinato múltiple e intento de asesinato en una emboscada del Nuevo Ejercito Popular (New People’s Army) en 2006. La corte sentenció que no se había seguido el procedimiento prescrito, y por consiguiente se clausuró el expediente en contra de los acusados.
Esta sentencia constituye una victoria para el movimiento de derechos laborales y humanos en Filipinas, ya que este tipo de acusaciones parecen estar específicamente diseñadas para minar el movimiento obrero en Filipinas, encarcelando a sus activistas, obligándolos a esconderse y agobiando a sus compañeros con la organización de su defensa legal. Desafortunadamente, apenas una semana después de que Atty. Remigio D. Saladero Jr. y los cinco otros activistas fueran puestos en libertad, otro expediente de asesinato ha sido abierto contra ellos. Aunque todavía no se han emitido las órdenes de detención, está claro que las autoridades Filipinas están decididas a seguir con su ofensiva legal.
El nuevo expediente: una copia de las acusaciones de Mindoro
Los cargos actuales incluyen el asesinato de Ricky Garmino, miembro del grupo paramilitar Unidad Geográfica de las Fuerzas Civiles Auxiliares (CAFGU), en Rizal el 29 de Julio de 2008. Los testigos reconocieron, supuestamente, a 64 de los 72 activistas de derechos laborales y humanos que fueron mencionados en el caso Mindoro. Algo que llama aún más la atención es que supieran nombrarlos exactamente en el mismo orden en el que aparecían en el expediente del caso Mindoro. La lista de acusados incluía a abogados trabajando a tiempo completo, pacientes de polio y diabetes y activistas que andan en sillas de ruedas. Está prevista una investigación preliminar en este caso para el 6 de Marzo en la oficina del fiscal de Rizal.
Por su parte, Atty. Remigio D. Saladero Jr. y su grupo de abogados han tramitado un recurso de amparo contra la actuación ilegal de los funcionarios públicos, ante la Corte Suprema. No está claro aún si el caso Mindoro contra los 72 activistas será reabierto, lo cual podría llevar otra vez a tramitar órdenes de detención contra todos los activistas implicados.
