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Eva Kreisler
Coordinadora
de la Campaña Ropa Limpia en España
Un siglo separa el incendio de la fábrica textil de Nueva York, origen según algunas fuentes del Día Internacional de la Mujer, del que se desató el pasado 25 de febrero en la fábrica “Garib & Garib” de Bangladesh donde murieron 21 personas, 15 de ellas mujeres. Pese al tiempo transcurrido, las condiciones de trabajo de las mujeres bengalíes, que producían jerseys para la firma sueca H&M, no distan mucho de las de las trabajadoras textiles del Nueva York de la revolución industrial.
En efecto, la tragedia de hace dos semanas en Bangladesh no es un hecho aislado en la industria de ropa global, ni siquiera podemos decir que haya sido un accidente pues podía haberse evitado. La misma fábrica conoció otro incendio en Agosto en el que perdió la vida un bombero. Bangladesh arrastra una escalofriante historia de accidentes de seguridad. Desde el 2000, la Campaña Ropa Limpia ha puesto de relieve nueve casos similares con un macabro cómputo de 273 muertes.
Pero no se trata únicamente de Bangladesh. Si miramos las etiquetas de las prendas que vestimos veremos que, además de en Bangladesh, la inmensa mayoría han sido producidas en China, Camboya o Pakistán por mencionar algunos países. En las fábricas de estos países, las mujeres (se estima que conforman el 80% de los trabajadores de la industria de ropa) soportan jornadas extenuantes de hasta 12 y 14 horas diarias a cambio de salarios por debajo del umbral de pobreza (el salario mínimo mensual de Bangladesh -16,60 €- no permite cubrir las necesidades más básicas), se ven obligadas a realizar horas extras generalmente no remuneradas y no tienen ningún tipo de cobertura social. La actividad sindical suele estar fuertemente reprimida lo que cercena su capacidad de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.
Lo indignante es que, a diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX, hoy existen normas internacionales del trabajo y legislaciones nacionales que en teoría protegen a las trabajadoras. Es más, en los últimos 20 años las propias transnacionales se han dotado de códigos de conducta y se emplean a fondo vendiéndonos el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Incluso, desde que en 1999 Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, se sacara de la chistera el Pacto Mundial “disfrutamos” de un pacto entre Naciones Unidas y el mundo empresarial para que “todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la mundialización (…)”.
Sin embargo, esta batería de disposiciones no consigue salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras; su vigilancia no puede dejarse únicamente en manos de quiénes se lucran de esta industria. Las iniciativas de RSC son claramente insuficientes por ser voluntarias y por tanto no vinculantes jurídicamente. Las leyes se incumplen y esta mundialización que alimenta el dumping social no contempla la responsabilidad judicial de las empresas que deslocalizan la producción y operan en terceros países. Sería necesario establecer un marco regulatorio internacional que termine con la impunidad actual y evite la competencia a la baja en materia de derechos laborales. Para ello es necesario una decidida voluntad política que posiblemente nunca llegue sin una ciudadanía concienciada y movilizada.
