La Campaña Ropa Limpia, acoge con satisfacción el informe del Parlamento Europeo sobre la Directiva relativa a la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas aprobado el 1 de junio. Esta votación supone un paso importante hacia las obligaciones de diligencia debida para las empresas y la responsabilidad corporativa.
Hace unas semanas conmemoramos el 10º aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron 1.138 personas y miles más resultaron heridas, muchas de ellas mutiladas de por vida.
Esta espantosa tragedia que segó tantas vidas hace diez años puso de relieve, una vez más, la negligencia continuada de las marcas internacionales al no abordar los problemas de seguridad en las fábricas donde producen sus prendas. Rana Plaza llamó la atención de todo el mundo sobre la rampante explotación en la industria de la confección y la necesidad de que las empresas rindan cuentas. A pesar de las promesas de cambio, los compromisos voluntarios asumidos por las empresas no fueron en ese momento, ni son hoy, suficientes para proteger la vida de las personas trabajadoras de la industria textil.
En los últimos años, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, ciudadanía y la sociedad civil de todo el mundo han reclamado leyes ambiciosas que protejan a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en todo el mundo y responsabilicen a las empresas del impacto negativo de su actividad.
El texto aprobado en la votación del 1 de junio muestra la determinación del Parlamento Europeo de luchar por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Los miembros del Parlamento Europeo mejoraron la propuesta inicial de la Comisión de la UE y la propuesta posterior del Consejo en varios elementos.
El texto exige ahora a un mayor número de empresas que lleven a cabo la diligencia debida en toda su cadena de valor y en todas sus relaciones comerciales, de acuerdo con las normas internacionales de la ONU y la OCDE. Las empresas tendrían que prestar atención a una gama más amplia de derechos humanos y laborales, incluidos los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre violencia y acoso en el mundo laboral, así como el derecho a un salario digno. Se pedirá a las empresas que evalúen cómo sus modelos de negocio y sus prácticas de fijación de precios pueden causar daños, reconociendo así el papel de las prácticas de compra desleales en muchas vulneraciones de derechos. Las víctimas de abusos empresariales también verán eliminados algunos de los obstáculos procesales a los que se enfrentan a la hora de buscar justicia.
La transparencia es una condición necesaria aunque no suficiente.
No obstante, lamentamos profundamente que el Parlamento Europeo no haya incluido el mapeo de la cadena de valor y la exigencia de mayor transparencia como parte de las obligaciones de la diligencia debida. La transparencia es una condición necesaria aunque no suficiente. Demuestra que la empresa conoce dónde se fabrican sus prendas y también permite a los trabajadores y a los defensores de los derechos humanos alertar sobre abusos en las fábricas proveedoras. El acceso a la información es clave para facilitar el acceso a reparación cuando se producen violaciones contra los derechos humanos.
La auto-regulación forma más parte del problema que de la solución.
Además, a pesar de los innumerables informes sobre el fracaso de las iniciativas de auditoría y verificación social a la hora de garantizar el respeto de los derechos humanos, el informe del Parlamento sigue dando demasiada importancia a dichas iniciativas. Los mecanismos de reclamación deberían haberse convertido en parte integrante del proceso de reparación. Pese a que la auto-regulación de las empresas a través de certificaciones y auditorías sociales no es suficiente para prevenir violaciones a los derechos humanos y, de facto, forma más parte del problema que de la solución (como numerosos estudios han puesto en evidencia), el informe del Parlamento Europeo aprobado sigue dando demasiado peso a dichas iniciativas y sigue excluyendo los mecanismos de reclamación como parte integrante del proceso de reparación de las víctimas de abusos corporativos.
Asimismo, nos preocupan las limitaciones que siguen existiendo en materia de responsabilidad civil, incluida la ausencia de inversión de la carga de la prueba en favor de quienes sufren violaciones inducidas por las empresas, lo que supone una barrera en muchas ocasiones insalvable para obtener justicia.
Oportunidad para la protección de los derechos humanos
Millones de trabajadoras y trabajadores de la industria de la confección de todo el mundo ven cómo cada día se atenta contra sus derechos de libertad sindical, salud y seguridad en el trabajo y salarios dignos. La UE no debería desaprovechar esta oportunidad para introducir obligaciones que cambien la forma de hacer negocios y logren resultados concretos y efectivos en favor de la protección de los derechos humanos.
Tras esta votación, las negociaciones entre las tres instituciones de la UE comenzarán en breve. Pedimos a los colegisladores que sigan el ejemplo del Parlamento Europeo e incorporen estas importantes mejoras en la versión final del texto legislativo.
Presidencia española de la UE
El gobierno español ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante estas negociaciones. Nos unimos al llamamiento de la Plataforma por Empresas Responsables para pedir al gobierno que promueva una Directiva ambiciosa y eficaz durante su mandato.
