El miércoles 8 de diciembre, la Coalición Europea por la Justicia Empresarial y otras 46 organizaciones sindicales y de la sociedad civil hemos enviado una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ella le pedimos que demuestre que la UE se toma en serio la lucha contra los abusos empresariales, tras la noticia de la semana pasada de que el proyecto de ley de gobernanza empresarial sostenible se ha retrasado hasta 2022.
En la carta decimos que, a pesar de la promesa de entregar una propuesta «sólida y equilibrada» en 2021, hemos tenido constancia a través de informes de prensa de que la iniciativa legislativa se ha retrasado aún más. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la total falta de transparencia acerca de las razones de este nuevo retraso.
Es inaceptable que una ley que pretende ayudar a millones de personas a exigir justicia contra las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas y salvaguardar nuestro medio ambiente y el clima se retrase por tercera vez.
Este retraso es enormemente perjudicial para las personas que sufren el comportamiento irresponsable de las empresas y para el medio ambiente. El aplazamiento de la acción legislativa perpetúa una situación en la que se permite que las empresas se beneficien del trabajo forzoso en sus cadenas de suministro mundiales; en la que las comunidades locales y los pueblos indígenas son tachados de criminales, atacados y asesinados por defender nuestro planeta; en la que las personas trabajadoras viven con miedo a condiciones de trabajo que ponen en peligro su vida; en la que las mujeres sufren discriminación por motivos de género y cobran unos salarios tan bajos que no les permiten vivir con dignidad; y en la que se hace esperar a las víctimas de abusos empresariales más de una década para que se haga justicia.
Este inexplicable retraso corre el riesgo de socavar la confianza que la ciudadanía, la sociedad civil y las víctimas de los abusos de las empresas han depositado en la UE para promover una actividad empresarial sostenible y responsable tras la pandemia de COVID y la situación de crisis climática.
La consulta pública de la Comisión dio lugar a medio millón de respuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil en todo el mundo en las que se pedía una ley fuerte y ambiciosa. Además, en una reciente encuesta de opinión de YouGov, más del 80 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas de varios países de la UE dijeron que querían una ley fuerte de la UE que permitiera responsabilizar a las empresas de sus violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente.
El Parlamento Europeo también pidió a la Comisión que presentase una legislación sólida para introducir la debida diligencia vinculante en materia de derechos humanos y medio ambiente en marzo de este año, con el apoyo de los principales grupos políticos.
En la carta se afirma que es más importante que nunca garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas, así como un marco jurídico coherente que reconozca la responsabilidad de las empresas a la hora de respetar los Derechos Humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor mundial, y que mejore simultáneamente el acceso de las víctimas a la justicia.
La carta pide a la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, que reitere públicamente su compromiso de hacer sostenibles las cadenas de suministro de las empresas activas en el mercado de la UE mediante una legislación ambiciosa y vinculante en materia de Derechos Humanos y diligencia debida medioambiental.
También pedimos plena transparencia sobre los motivos del retraso y sobre el proceso de toma de decisiones de ahora en adelante.
