El 24 de Abril de 2013 al menos 1134 personas murieron en el mayor desastre sucedido en la historia de la industria textil. Hoy, siete años después, nuestro pensamiento está con las víctimas del Rana Plaza.

Lamentablemente, mientras conmemoramos este trágico suceso, la vida de millones de personas que trabajan en esta industria vuelve a estar en riesgo. La pandemia que azota al mundo está socavando la lucha por unos salarios dignos, libertad de asociación y el derecho a un lugar de trabajo seguro en Bangladesh.

 La pandemia de COVID-19 amenaza los logros que tanto costó alcanzar tras el derrumbe del Rana Plaza.

En este momento de crisis sin precedentes para la industria de la confección: agotamiento de la demanda, los pedidos se cancelan y posponen, y millones de personas trabajadoras se enfrentan a la miseria, es de vital importancia que no se revierta la protección laboral conseguida en estos años en Bangladesh. Cuando las cadenas de suministro vuelvan a arrancar después de la pandemia, deberán hacerlo con las lecciones aprendidas tanto después del desplome del Rana Plaza como de la crisis actual. Estas lecciones deben conducir a una industria más segura y más justa, regida por un mecanismo vinculante y exigible en lugar del business as usual, vigente hasta ahora.

Desde mayo de 2013, el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en la Construcción en Bangladesh, establecido en directa respuesta al desastre del Rana Plaza, ha supuesto un trabajo ingente para hacer las fábricas más seguras para más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. El Acuerdo cubre a más de 1600 fábricas que han corregido el 91% de los fallos de seguridad detectados durante las inspecciones periódicas del programa. En mayo de 2019 consiguió resolverse un prolongado conflicto legal sobre el derecho del Acuerdo a continuar su presencia en Bangladesh, dando por hecho que en el curso de un año la actuación de las operaciones del Acuerdo serían reemplazadas por un Consejo de Sostenibilidad Nacional (RSC por sus siglas en inglés), con la partición de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (BGMEA), que representa a los propietarios de fábricas.

Las organizaciones defensoras de los derechos laborales dentro y fuera de Bangladesh, incluida la red internacional Campaña Ropa Limpia, han manifestado reiteradamente que el Acuerdo debe completar primero el trabajo pendiente antes de que ningún nuevo programa entre en vigor. El RSC solo podrá tener éxito si se basa en el trabajo hecho por el Acuerdo. Debería seguir los elementos clave del programa actual: los más relevantes son su transparencia y exigibilidad –que han de recogerse en un acuerdo internacional firmado por las marcas de la confección- y el compromiso de las marcas con términos comerciales que posibiliten financiar la reparación de las fábricas.

Con la crisis sanitaria global, las negociaciones donde se estaban debatiendo estos elementos están estancadas y el Acuerdo de Bangladesh ha tenido que suspender sus operaciones. La fecha de comienzo de la nueva entidad, el denominado RSC, se acerca, pero siguen brillando por su ausencia las medidas que garantizarían su efectividad a la hora de proteger a las trabajadoras, incluido el compromiso por parte de las marcas de asumir unos acuerdos comerciales que permitan sufragar las reparaciones que sean necesarias. Es de máxima importancia ultimar el proceso que lleve a un acuerdo internacional legalmente vinculante que incluya este compromiso, y completar el trabajo del Acuerdo antes de que el RSC comience a trabajar. Si esto no ocurre, poco o nada distinguirá el trabajo de RSC de las iniciativas voluntarias que no consiguieron evitar la tragedia del Rana Plaza.

Estos últimos siete años, numerosos actores de la industria han trabajado con diligencia para acabar con la inseguridad financiera de las personas heridas en el trabajo y de las familias de las fallecidas, estableciendo un sistema de seguros para los accidentes laborales en Bangladesh. Es vital garantizar que no se retrasa su implantación. Siete años después del Rana Plaza, es inadmisible que la muerte o las lesiones en el lugar del trabajo añadan aún más miseria y pobreza al dolor de las familias afectadas.

La crisis actual debería llevar a la creación de estructuras de protección social fuertes, acordes con los estándares de la OIT relativos a prestaciones por enfermedad, desempleo y seguros médicos. El  Gobierno de Bangladesh ha de jugar un papel principal para su consecución, pero se hacen necesarias unas cadenas de suministro que asuman también parte del coste.

Los pedidos cancelados y el cierre de fábricas amenazan el futuro de la industria

La ausencia de sistemas de seguridad social robustos y el desequilibrio de poder en las cadenas de suministro actuales han quedado de manifiesto en el contexto COVID-19. Después de una desaceleración inicial de la producción provocada por la falta de materias primas de China, la industria ha sufrido aún más debido a la reducción y cancelación de pedidos por parte de los compradores internacionales. La investigación realizada por el Penn State Center for Global Workers’ Rights indicó que a finales de marzo casi el 50% de las fábricas habían sufrido la cancelación de la mayoría de los pedidos casi completados.

A raíz de las protestas públicas y el eco mediático, algunos compradores han cambiado de opinión  y han acordado pagar sus pedidos en vías de producción. Sin embargo, un número significativo de compradores importantes de Bangladesh, en particular C&A, Primark, Arcadia, Gap, Walmart, Tesco y más, siguen manteniéndose firmes en su decisión y se niegan a pagar y a recibir sus pedidos terminados. Este comportamiento, que en muchos casos viola sus propios contratos, garantiza que finalmente serán las trabajadoras quienes asuman los costos.

Después del 25 de marzo, cuando el gobierno de Bangladesh anunció el confinamiento del país hasta el 4 de abril, muchas fábricas de ropa cerraron y miles de trabajadoras regresaron a sus aldeas para pasar el período de cierre con sus familias. Sin embargo, como los propietarios no estaban obligados a cerrar sus fábricas, un número significativo de las mismas sigue funcionando. Al final del periodo de cierre obligatorio, muchas trabajadoras regresaron a sus fábricas para volver a trabajar y cobrar sus salarios de marzo. Las trabajadoras recorrieron gran parte del camino de regreso a las ciudades a pie o en medios de transporte no convencionales, porque el transporte público todavía estaba bajo medidas del cierre. A su llegada al trabajo, a muchas trabajadoras se les notificó que el periodo de baja se prolongaba o incluso que estaban despedidas, y en su mayoría, se quedaron sin los salarios de marzo.

«Las trabajadoras regresaron a sus puestos de trabajo, arriesgando su seguridad y gastando mucho dinero por las elevadas tarifas de transporte», dijo Kalpona Akter, presidenta de Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation: «Esta decisión irracional de los propietarios de las fábricas no solo pone en riesgo la vida de las trabajadoras sino también la de todos los bangladeshíes. Solo cuando el tema de las trabajadoras que regresan a trabajar bajo gran riesgo fue criticado a nivel nacional, las organizaciones de empleadores BGMEA y BKMEA emitieron un permiso general para sus fábricas miembro”.

Desde entonces, algunas fábricas decidieron reabrir a pesar de la extensión del confinamiento declarada por el gobierno, lo que obligó a las trabajadoras a volver a trabajar bajo la amenaza de despido o pérdida de los salarios ya ganados. Además, la patronal BGMEA ha anunciado la intención de abrir todas las fábricas de nuevo a partir del 25 de abril. Es vital que los propietarios de las fábricas comiencen a asumir toda la responsabilidad sobre la salud y el bienestar de sus trabajadoras garantizando que reciban sus salarios completos durante la crisis a través de los sistemas digitales proporcionados por el gobierno, poniendo fin al despido de trabajadoras y reincorporando a las trabajadoras despedidas al inicio de la crisis. Y, cuando se habilite el regreso seguro al trabajo, proporcionándoles la protección suficiente y garantizando el pago de bajas por enfermedad.

El gobierno debe garantizar la implementación de sistemas para salvaguardar los medios de vida de las trabajadoras, incluso a las despedidas o suspendidas, así como que los desembolsos se organicen de manera transparente con supervisión independiente, y los propietarios de las fábricas y los compradores asuman la responsabilidad de los pagos a las trabajadoras.

Hasta ahora las marcas y los minoristas se han abstenido de asumir la responsabilidad de garantizar los medios de vida de las trabajadoras o de mitigar el comportamiento irresponsable de los propietarios de las fábricas. Por el contrario, la negativa de marcas y minoristas de pagar los pedidos y los intentos de algunas de negociar descuentos han colocado a muchas fábricas en posiciones financieras precarias y sin los medios económicos suficientes para pagar a sus trabajadoras los salarios de marzo y los próximos meses. Las marcas de ropa deben, junto con los dueños de las fábricas, asumir la responsabilidad de pagar sus pedidos y establecer sistemas financieros para garantizar el pago total a las trabajadoras durante la crisis; de no ser así las trabajadoras quedarán aún más sumidas en la pobreza y sin seguridad laboral.

Esta crisis muestra trágicamente que en los últimos siete años se ha hecho muy poco para revertir la dinámica de poder entre las trabajadoras y los dueños de las fábricas. Las trabajadoras de las fábricas de Rana Plaza entraron a sabiendas en un edificio inseguro, porque sus gerentes las amenazaron con retener un mes completo de sus salarios. Ahora, millones de personas trabajadoras tienen que elegir de nuevo entre su salud y seguridad, por un lado, y su subsistencia por otro. Una vez más las trabajadoras serán obligadas a acceder a las fábricas con pleno conocimiento de que podrían estar arriesgando sus vidas. Los sistemas globales de la cadena de suministro han permitido durante demasiado tiempo que los dueños de las fábricas, las empresas de la industria y los gobiernos se culpen unos a otros y eludan su responsabilidad por las trabajadoras enfermas o lesionadas, como lo hicieron después del colapso de Rana Plaza. Ya es hora de que las partes más beneficiadas de esta industria desarrollen sistemas que les permitan promover colectivamente los derechos de las trabajadoras en vez de seguir echando balones fuera.

Protestas por los salarios

La grave situación de inseguridad, salarios no pagados y despidos llevaron a las trabajadoras a las calles. Especialmente a partir del 12 de abril, cientos de trabajadoras comenzaron a organizar manifestaciones para exigir el pago de sus salarios y el fin de los despidos. Las protestas continuaron mientras cientos de fábricas ignoraban una directiva del gobierno que penalizaba a los propietarios de las fábricas que no pagaran a sus trabajadores antes del 16 de abril y ofrecía préstamos a las fábricas que no pudieran pagar los salarios.

Las protestas y manifestaciones de trabajadores siguen siendo habituales en Bangladesh. A pesar de la profunda necesidad de abordar las violaciones laborales sistemáticas arraigadas en la industria de la confección después del colapso de Rana Plaza, los beneficios exorbitantes de marcas y minoristas se fundamentan en los bajísimos salarios pagados a las trabajadoras de la confección. Por lo tanto,  las marcas, minoristas y propietarios de las fábricas habitualmente frustran cualquier intento de organizarse y luchar contra este sistema injusto. Sin ir más lejos, en enero de 2019 se produjo una represión de proporciones históricas contra las trabajadoras de la confección en Bangladesh como respuesta a una serie de huelgas pacíficas que exigían un aumento del salario. Las fábricas despidieron a más de 10.000 trabajadores, pusieron en la lista negra a muchos y acusaron con falsos cargos criminales a miles. Al menos 20 casos aún se ciernen sobre cientos de trabajadoras con la amenaza de prisión. Estos casos se suman a otros tres aún pendientes contra líderes sindicales en represalia por su papel en la organización de las protestas en 2016.

Cuando vuelvan a abrir las oficinas del gobierno, las trabajadoras relacionadas con estos casos tendrán que viajar regularmente a los tribunales para cumplir con los requisitos de su libertad bajo fianza, lo que agrava los riesgos que ya enfrentan durante esta pandemia. La constante amenaza de pasar un tiempo en la cárcel agrega aún más inseguridad a las trabajadoras durante esta crisis. Por lo tanto, es esencial que los tribunales desestimen inmediatamente todos estos expedientes injustos. Las marcas, los propietarios de las fábricas y las autoridades deben actuar para garantizar que se retiren todos estos falsos cargos y se proteja la libertad de asociación de las trabajadoras.

Amin Amirul Haque, presidente del National Garment Workers Federation, declara: “Las desigualdades en las cadenas de suministro mundiales que ahora se han magnificado por la crisis COVID-19 siempre han estado ahí. Sería incomprensible que la industria siga haciendo las cosas como hasta ahora después de la recuperación. Ya es hora de que las marcas y los minoristas comiencen a reformar radicalmente sus cadenas de suministro y prioricen los derechos de las trabajadoras, facilitando medios para garantizar la seguridad social y los salarios dignos a través de sistemas obligatorios y transparentes».

Información complementaria

Qué marcas se han comprometido a pagar sus pedidos y cuáles no (Workers Rights Consortium): https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/

– Live blog de la Clean Clothes Campaign con información actualizada de cómo la pandemia del COVID-19 está afectando a los trabajadores de la confección: https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains

-Lista de demandas a corto plazo en defensa de las personas trabajadoras de la confección en la cadena de suministro globalhttps://ropalimpia.org/noticias/covid-19-demandas-a-corto-plazo-en-defensa-de-las-trabajadoras-de-la-confeccion-en-la-cadena-de-suministro-global/

Pin It on Pinterest

Share This