La UE está negociando una ley para responsabilizar a las empresas de malas prácticas empresariales que impactan en las personas trabajadoras, las comunidades y el planeta. Exigimosal Gobierno que apoye una ley europea de debida diligencia que responsabilice a las empresas de los abusos cometidos en su cadena de suministro.
Desde que en Febrero de 2022 la Comisión Europea diese a conocer, con mucho retraso, su esperada “Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad” cuyo objeto es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales, han corrido muchos ríos de tinta acompañados de innumerables movimientos de lobby empresarial y también movilización por parte de la sociedad civil europea. Exigimos que esta directiva sea ambiciosa y tenga efectos reales que protejan los Derechos Humanos y el medioambiente en las cadenas globales de valor.
Ya en aquel momento, denunciábamos que el texto propuesto por la Comisión Europea se quedaba muy corto en muchos aspectos y hacíamos un llamamiento al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para reforzarlo. Entre otras cosas, pedíamos fortalecer las exigencias en materia de responsabilidad corporativa y el acceso de las víctimas a la justicia.
Han pasado nueves meses y las señales que nos llegan sobre el posicionamiento que puede adoptar mañana Jueves 1 de diciembre el Consejo de la UE, son muy preocupantes.
Por eso, el lunes 28 de noviembre nos unimos al llamamiento de multitud de organizaciones europeas dirigiéndonos, a través de la Plataforma por Empresas Responsables de la que la Campaña Ropa Limpia forma parte, por carta a los ministros y ministras de la UE -incluidos el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Justicia españoles- para reclamar que adopten una posición constructiva sobre la directiva. Les instamos a que:
- Garanticen que la Directiva cubra toda la cadena de valor, incluyendo los impactos posteriores y la cobertura total del sector financiero;
- Amplíe, no reduzca, el alcance de los derechos e impactos que abarca la Directiva, incluyendo la garantía de la debida diligencia para los impactos climáticos y los planes de transición concretos;
- Refuerce las disposiciones de acceso a la justicia y aborde las barreras a las que se suelen enfrentar las víctimas de violaciones de los derechos humanos y medioambiente a lo largo de las cadenas de valor de las empresas.
Desde hace años venimos reclamando la creación de marco normativo vinculante que proteja los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de toda la cadena de valor, que facilite el acceso a la justicia de las víctimas de abusos corporativos y sancione a las empresas que incumplen con la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Esta directiva podría ser trascendental para acercarnos a un escenario de justicia social y económica. Para ello, debe ser ambiciosa y robusta y no quedar diluida por poderosos intereses corporativos.
Queremos asegurarnos de que los ministros que van a debatir mañana sobre esta cuestión, nos escuchen.
¡Actuemos hoy!
