Tras meses de mediación, RINA se ha negado a firmar el acuerdo de mediación que habría derivado en pagos a las familias afectadas y obligado a la empresa a mejorar sus prácticas de auditoría.

El 11 de septiembre de 2012, un incendio arrasó la fábrica de Ali Enterprises en Karachi (Pakistán) solo tres semanas después de que la fábrica fuese certificada por RINA como compatible con la norma SA8000, un estándar internacional establecido por Social Accountability International. El auditor no reseñó una serie de regulaciones de seguridad, como la necesidad de tener un sistema de alarma contra incendios en funcionamiento o salidas de emergencia suficientes y efectivas. A raíz del incendio se descubrieron otras violaciones de los derechos laborales que el auditor pasó por alto.

 “Si bien RINA certificó que la fábrica era segura, en realidad era una trampa mortal que le costó la vida a mi hijo y a otras 250 personas”, dijo Saeeda Khatoon, presidenta de la Asociación de Afectados por el Incendio de la Fábrica Ali Enterprises (AEFFAA por sus siglas en inglés). “Nosotras, como familiares y sobrevivientes, exigimos justicia y rendición de cuentas. Estamos profundamente decepcionadas por la negativa de RINA a firmar el acuerdo».

Como empresa ubicada en un país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), RINA debe observar las Directrices de la organización para Empresas Multinacionales. Cuando RINA tuvo que confrontar la queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) italiano, rechazó cualquier responsabilidad y dijo que había auditado debidamente el edificio de acuerdo con las regulaciones. La compañía dijo que no podía resolver los problemas en la industria de la auditoría por sí sola y afirmó que el proceso abierto en el Punto Nacional de Contacto no era la vía correcta para brindar compensación a las familias afectadas. Sin embargo, el PNC italiano de la OCDE consideró válida la denuncia y procedió a organizar un proceso de mediación.

El resultado del largo proceso de mediación fue un compromiso en el que el Punto Nacional de Contacto italiano propuso que RINA se comprometiera a pagar 400.000 USD a las personas afectadas por el incendio y que un representante de la empresa se reuniera con las familias para expresar sus condolencias. En segundo lugar, sugirió que RINA se comprometería a mejorar los sistemas de certificación global, como incluir las prácticas de compra de los compradores en las auditorías de fábrica, así como a mejorar sus propias prácticas de diligencia debida. Esto incluiría transparencia sobre las políticas de RINA sobre gestión de riesgos, corrupción y conflicto de intereses.

Pese a no lograr una justicia plena para las familias afectadas, los demandantes firmaron el acuerdo en marzo de 2020. Sin embargo, RINA rompió repentinamente su compromiso y se negó a firmar antes de la fecha límite señalando los pagos a las familias como el mayor obstáculo. En su declaración final, el PNC recomienda a RINA que, no obstante, haga un «gesto humanitario» hacia las familias en forma de compensación financiera y expresando su pésame en persona, así como a mejorar proactivamente las prácticas de debida diligencia y certificación de la empresa.

«El comportamiento de RINA muestra claramente que necesitamos normas obligatorias sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas que puedan aplicarse a través de los tribunales», dijo Miriam Saage-Maaß, directora del Programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

Si bien el incendio de Ali Enterprises constituye un ejemplo especialmente atroz del fracaso de las auditorías sociales para proteger los derechos laborales, este caso subraya muchos de los problemas estructurales y endémicos en la industria. Un artículo de investigación sobre las tácticas comerciales de RINA publicado a principios de este año, mostró cómo la empresa anteponía los beneficios a las personas de manera sistemática pese a declarar que su objetivo es mejorar las condiciones laborales en la industria de la confección. Sería preciso reformar completamente el sistema de auditorías sociales para que velase realmente por el interés de las trabajadoras, incluyendo, entre otras cosas, la exigencia de transparencia y la asunción de responsabilidad legal.

«Los incentivos perversos, la falta de tiempo y la falta de participación e información genuinas de las trabajadoras y trabajadores crean un sistema que sirve de protección de la imagen de las empresas en lugar de proteger a los trabajadores», dijo Deborah Lucchetti, miembro de la Campaña de Ropa Limpia de Italia, Abiti Puliti.

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