Un siglo separa las dos tragedias que han marcado la historia y el presente de la industria textil. Es hora de cambiar el futuro. Es ineludible y muy urgente actuar con determinación y adoptar medidas efectivas que blinden los derechos humanos de las personas que confeccionan nuestra ropa en fábricas invisibles al otro (y ¡a este!) lado del mundo, mujeres en un 80%.

Las mujeres que murieron en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911 y las que perdieron la vida el 24 de abril de 2013 bajo los escombros de las cinco fábricas de ropa que albergaba el edificio Rana Plaza en las afueras de Daca, tenían muchas cosas en común. Se enfrentaban a las mismas penosas condiciones de trabajo: además de la evidente inseguridad, todas ellas realizaban jornadas infinitas a cambio de salarios de miseria, trabajaban sin apenas descanso y, si osaban protestar, se les amenazaba verbal y físicamente con ser despedidas o con no cobrar el exiguo salario de ese mes.

Todas ellas también tenían sueños de una vida mejor y de otro futuro para sus hijas. Ninguna trabajadora de estas fábricas quería que sus hijas llevasen una vida tan dura. En su imaginario estaba poder ofrecerles educación para que tuviesen más oportunidades y poder gozar de capacidad de elección.

Tras estas tragedias perfectamente evitables y las dramáticas cifras que las acompañan – 146 mujeres muertas en Triangle Shirtwaist, 1134 personas muertas, en su mayoría mujeres, en Rana Plaza más miles de heridas con amputaciones gravísimas, 112 personas muertas en el incendio de Tazreen en Bangladesh en 2012 y las 250 que perecieron calcinadas en la fábrica Ali Enterprise en Paquistán ese mismo año…(la lista no acaba aquí) – hay un patrón común de negligencia, codicia, falta de regulación, y, por encima de todo, una falta de respeto absoluta hacia la vida de estas mujeres.

¿Cómo se explica si no que no se tomasen medidas tras las numerosas tragedias sucedidas en Bangladesh antes del fatídico derrumbe del Rana Plaza?
¿Por qué hubo que esperar que muriesen 1134 personas en pleno siglo XXI para dejar de ignorar esta realidad?
¿Por qué antes del Rana Plaza era tan difícil que ciertos medios de comunicación informasen acerca de las empresas clientes de estas fábricas, auténticas trampas mortales?
¿Por qué las marcas internacionales sólo accedieron a firmar un acuerdo legalmente vinculante para evitar más muertes en las fábricas cuando vieron que no podían escapar del foco mediático?
Si la industria y los poderes públicos realmente han tomado conciencia, ¿cómo pueden seguir sucediendo mal-llamados accidentes fatales como el ocurrido hace tan sólo 3 semanas en India? ¿Por qué, todavía hoy, es vital organizar campañas públicas de presión para lograr que se paguen indemnizaciones a las víctimas de estas tragedias?

¿Quién ostenta el poder?

La globalización no sólo ha modelado las relaciones comerciales. El epicentro del poder en la industria de la confección ha cambiado con respecto a los albores del siglo XX. Nuevos actores han emergido. El riesgo, ahora más que nunca, es asumido por los eslabones más vulnerables de la cadena de producción: las trabajadoras. Son contratadas por talleres o fábricas, en su mayoría en Asia, cuyos clientes son las principales empresas de moda, los H&M, Inditex, Primark, Mango, Uniqlo, C&A, Nike, Adidas, GAP… con tiendas en todo el mundo y cuya facturación crece año tras año cebados por un sobreconsumo irracional e insostenible.

La industria de la moda mueve al año más de dos billones de euros y ostenta el segundo lugar en el ranking de industrias más contaminantes. Entre 2000 y 2014, se ha duplicado la producción de ropa. Las empresas multinacionales se llevan hoy en día la mayor parte del pastel de este ingente negocio. También deberían asumir la responsabilidad legal de proteger los derechos humanos en sus cadenas de producción ya que son ellas quienes manejan la batuta: marcan precios pagados a proveedores o subcontratas, plazos de entrega, órdenes de pedido, deciden si envían la producción aquí o allá siempre buscando menores costes laborales o lo que es lo mismo, salarios más bajos aún a costa de peores condiciones de seguridad y a sabiendas de las consecuencias en las vidas de las personas.

El incendio de Triangle Shirtwaist y las movilizaciones sociales posteriores, catalizaron reformas legislativas impensables hasta entonces. Los efectos se hicieron notar no sólo en la ciudad de Nueva York sino a nivel nacional y mundial. Marcó y sigue marcando las celebraciones del Día Internacional de la Mujer que nos sacará a la calle el próximo 8 de marzo. En aquellos años se legisló para que hechos así no volviesen a ocurrir jamás. No sólo hubo mejoras en materia de seguridad. Se llevaron a cabo investigaciones para conocer las condiciones de trabajo de las mujeres en las fábricas y se legisló respecto a trabajo infantil, jornadas de trabajo o salarios. En definitiva, el estado intervino para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas y castigar los abusos empresariales cuando se diesen.

Tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013,  la tragedia más grave en la industria global de ropa,  los resultados más notorios que podemos destacar son dos. Por un lado, tras dos años de intensa campaña internacional, se logró que las marcas contribuyesen económicamente al fondo de compensación para las víctimas (calculado en 30 millones de dólares). Por otro, también sugestionadas por campañas de presión que recabaron 1.200.000 firmas, más de 200 marcas se adherían -por fin- a un programa para realizar inspecciones independientes en 1600 fábricas de Bangladesh que a la postre protegería la vida de más de dos millones de personas. El objetivo: “evitar más Rana Plazas”. Sin duda, el precio pagado es demasiado alto y nunca se hará justicia a las víctimas.

Las virtudes del Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad contra incendios y edificios residen en que es un programa legalmente vinculante, pone en el centro la participación de las trabajadoras y sus representantes sindicales, proporciona un mecanismo de queja anónimo y ofrece resultados verificables y transparentes. Se aleja así de las numerosas iniciativas corporativas unilaterales y sin rendición de cuentas pública a las que nos tienen acostumbrados las empresas.

El Rana Plaza no ha supuesto el punto de inflexión que se esperaba

Pese a todas sus fortalezas, el Acuerdo firmado en Bangladesh por sí solo no va a solucionar todos los problemas, ni siquiera en Bangladesh. Las luchas salariales siguen siendo salvajemente reprimidas y el salario sigue siendo insuficiente para vivir (85€/mes tras última revisión salarial). Hace tan sólo 3 semanas se producía un nuevo incendio con 7 víctimas mortales en una fábrica de India que tampoco era ajena al mercado internacional.

¿Cuántas muertes más son necesarias para que la vigilancia de los derechos humanos no recaiga en manos únicamente de las empresas?

Las fábricas incendiadas y derrumbadas había pasado auditorías sociales de las empresas internacionales, algunas tan sólo unas semanas antes. Durante 20 años, la Responsabilidad Social Corporativa ha estado confiando la protección de los derechos humanos a grandes firmas auditoras que no sólo no han conseguido mejorar las condiciones de trabajo, sino que mantienen el statu quo; seguimos con el “business as usual”. Protegen la imagen y la reputación de las marcas y sus modelos de negocio, al tiempo que se interponen en el camino de modelos más efectivos que incluyen transparencia obligatoria y compromisos vinculantes para la remediación tal y como ilustra la Campaña Ropa Limpia en uno de sus últimos informes.

Afortunadamente, la globalización también ha facilitado los flujos de información y el conocimiento. Ya no vale decir que no se sabía. Todos los actores que participamos en esta industria, cada uno en su papel, debemos actuar para no ser cómplices de esta cruda realidad. Como personas consumidoras tenemos un poder colectivo inmenso que debemos utilizar para exigir a las marcas cambios radicales en su modelo de negocio si quieren seguir contando con nuestros dinero.

También deberíamos frenar la rueda de consumo, repensar nuestros hábitos y su impacto en las personas y el medioambiente. Como ciudadanía, debemos exigir al poder político que ejerza su función pública, que intervenga y legisle, que ponga cordura para atajar los efectos negativos de la globalización. Para garantizar que las empresas se toman en serio su responsabilidad y actúan con debida diligencia es fundamental establecer regulaciones vinculantes y sanciones, así como garantizar el empoderamiento de las trabajadoras a través de los sindicatos. Solo así se protegerá la vida de las trabajadoras.

Triangle Shirtwaist sacudió los cimientos de la sociedad de la época, abrió los ojos ante la explotación que sufrían las mujeres en las fábricas textiles de principios del XX, empujó reformas legislativas y antepuso los derechos humanos y derechos de las mujeres a la producción a cualquier precio.  ¿En qué momento los volvimos a cerrar?

Pin It on Pinterest

Share This