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Ayer, martes 13 de julio, se celebraron las Juntas de Accionistas de Adolfo Domínguez e Inditex. No sabemos si es casualidad que hayan coincidido el mismo día ambas empresas para celebrar este acto de rendición de cuentas ante su accionariado. Pero lo que no es coincidencia es que las dos empresas gallegas, como la mayoría de las empresas de ropa líderes en el mercado internacional, buscan abaratar costes deslocalizando la producción en fábricas de países con abundante mano de obra, generalmente femenina, a precio de saldo. El modelo fast fashion –con Inditex a la cabeza- es el que marca la tendencia.
Esta situación fue denunciada por activistas de la Campaña Ropa Limpia (CRL), coordinada en el Estado español por SETEM, enfrente de una tienda del grupo Inditex en Vigo.
Según datos del Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) del 2009, la ropa low cost de India, China y Bangladesh está a la cabeza de las importaciones españolas, absorbiendo Asia el 47% de las importaciones de ropa y textiles del Estado español. Paralelamente, se anuncian Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Galicia, y en otros puntos de la geografía española, y se acelera la destrucción de empleo en el sector textil.
Continúan las violaciones a los derechos laborales
Después de ocho años asistiendo a las Juntas de Accionistas de Inditex y de los cinco a las de Adolfo Domínguez para denunciar y exigir mejoras en las condiciones de trabajo de las miles de personas que trabajan en sus fábricas proveedoras, desde la Campaña Ropa Limpia (CRL) no hemos constatado avances que permitan garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que confeccionan sus prendas en remotas fábricas de Asia y del norte de áfrica.
Es más, después de veinte años de actividad de la CRL, y pese a la proliferación de departamentos de Responsabilidad Social Corporativa en las transnacionales del textil y del calzado deportivo, y a pesar de sus auditorías sociales, seguimos constatando a través de las denuncias que nos hacen llegar las propias trabajadoras, y de investigaciones propias, que sigue existiendo explotación infantil, salarios de miseria muy a menudo pagados con retraso de meses, horas extraordinarias abusivas que no se remuneran según la ley, intimidación y acoso a lo/as trabajadores/as cuando éstos/as tratan de formar un sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo.
Por ejemplo, Inditex, memoria tras memoria, presenta sus proyectos para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas, así como su código de conducta donde se comprometen a observar los Convenios de la OIT que exige a sus empresas proveedoras.
Pero la realidad es que tanto esta transnacional como otras muchas producen en países como Bangladesh, India, Vietman, Camboya y Pakistán, donde los salarios están por debajo del umbral de la pobreza que establece Naciones Unidas.
Si nos centramos en Bangladesh, el país con los salarios más bajos de la industria global de ropa -16,60 euros al mes de salario mínimo legal-, los/as trabajadores/as han tenido que salir a la calle ante la situación insostenible en la que viven. Ya no sólo por los salarios y las jornadas extenuantes sino por la inseguridad e insalubridad en las fábricas. En los últimos diez años, los mal llamados “accidentes” en algunas fábricas se han cobrado la vida de 273 trabajadores y trabajadoras.
La preocupación de la Unión Europea (UE)
Hace tan sólo unos días, la UE expresaba su preocupación por los disturbios en el sector de la confección de Bangladesh y ha pedido a las autoridades bengalíes que estabilicen la situación (no en vano los países de la UE son el destino principal de las exportaciones de Bangladesh).
Pero no percibimos esta preocupación en la UE ante sus condiciones laborales, o el acoso e intimidación que soportan desde hace más de dos años las trabajadoras de DESA que fabrican artículos de piel en Turquía para empresas europeas como Prada, El Corte Inglés o Marks&Spencer; o los niños que cosen balones de fútbol para fábricas con licencia de la FIFA, o los abusos en Indonesia, y así podríamos seguir.
La realidad es que los salarios paupérrimos y las peligrosas condiciones laborales violan los derechos humanos y fuerzan a muchas trabajadoras a contraer deudas, provocan malnutrición, causan problemas de salud, y ocasionan que las trabajadoras y las personas que dependen de ellas sean extremadamente vulnerables en situaciones de desempleo e invalidez. Todo ello causa un envejecimiento prematuro. Cuando la situación es insostenible es inevitable que estalle la tensión social y se produzcan revueltas que ya se han cobrado la vida de cientos de trabajadores/as.
A pesar de que todos los países europeos firmaron la Carta Magna de Naciones Unidas y los Convenios de la OIT, los gobiernos, como el español, o el gallego, fomentan y animan la externalización de las empresas, y conceden grandes subvenciones para que este modelo se perpetúe. Lo hacen sin el menor control y sin la menor exigencia hacia estas empresas para que demuestren que cumplen y garantizan dichos derechos humanos y laborales. Es más, Adolfo Domínguez se permite declarar que el despido libre, que ya se realiza en países como China e India, donde tiene a sus proveedores, no lo ve mal.
Demandas de la Campaña Ropa Limpia
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de defensa de los derechos laborales y de las tímidas mejoras en las condiciones de trabajo conseguidas en estos años, nada cambiará y no se evitará el dumping social hasta que se tomen medidas serias, reales y concretas, por parte de las empresas textiles y de los Gobiernos.
Desde la Campaña Ropa Limpia (CRL) demandamos:
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Que tlas empresas cumplan los derechos laborales y humanos en toda su tcadena de producción y que publiquen la lista de proveedores dentro tde su política de transparencia
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Que tgaranticen salarios dignos para que las personas puedan vivir tdignamente
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Que tlos gobiernos nacionales no concedan subvenciones a las empresas que tno demuestren el cumplimiento de los derechos humanos laborales
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Que texista un marco regulatorio internacional y un organismo tsupranacional para vigilar, sancionar y hacer frente a los abusos de tlas empresas que operan en terceros países. t
